Por El País
El rastro del dinero persigue a Donald Trump. Su incapacidad para desvincularse de su imperio inmobiliario y su negativa a hacer pública su declaración fiscal han empezado a jugar en contra. Los fiscales generales de Maryland y el Distrito de Columbia, ambos bajo la égida demócrata, han presentado una demanda contra el presidente de Estados Unidos por supuesta violación de la cláusula constitucional que impide a los altos cargos aceptar emolumentos de gobiernos extranjeros.
La polémica, de fuerte carga política, no es nueva.Trump ha hecho del manejo de su fortuna un asunto opaco. No sólo ha sido el primer mandatario en 40 años que no ha presentado ante la opinión pública sus impuestos, sino que el destino de los beneficios suscita una cuestión crucial: ¿si estos proceden, aunque sea parciamente de Estados extranjeros, hasta qué punto no representan un pago al presidente? Al igual que los fiscales, grupos civiles ya han llevado ante los juzgados esta presunta incompatibilidad. En su respuesta, los abogados de la Casa Blanca han señalado que el tipo de pagos que reciben las empresas de Trump son legales.
