Por Andrea Santa María
El próximo 5 de noviembre es la fecha límite que ha determinado el Instituto Nacional de Transparencia Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) para que los estados y municipios “ingesten” la información correspondiente a las instancias e instituciones a la Plataforma Nacional de Transparencia.
Con ello, los gobiernos entrantes, tanto estatal como municipales de Tamaulipas, enfrentarán el reto de utilizar esta herramienta con base en la homologación y estandarización que se determinaron en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para facilitar el ejercicio del derecho a la información de los más de 6 mil 670 sujetos obligados a nivel nacional.
En el caso de Reynosa, la administración de la alcaldesa electa Maki Ortíz Domínguez, se encontrará con estos nuevos mecanismos y “techos mínimos” de presentación de información, los cuales tendrán que mantenerse “al día” para responder a esta obligación que permitirá a los ciudadanos acceder mediante procedimientos más ágiles a los datos de gobierno.
Héctor Pavel Mellado González, quien ha sido presidente del Instituto Municipal de Transparencia y Acceso a la Información desde 2011, comentó que en este sentido lo que hizo la Ley General fue “poner acorde a cada una de las legislaciones locales” ya que anteriormente los criterios con que se presentaban eran “muy generales y ahora son muy específicos”.
“Pasamos de los genérico a lo específico, por ejemplo, antes se tenía la presentación del plan de trabajo de una dependencia, ahora estamos hablando de presupuesto basado en resultados, de contabilidad gubernamental, de nóminas con pesos y centavos, compensaciones, todo este tipo establecido con criterios bases”.
De acuerdo al titular del Instituto Municipal de Transparencia y Acceso a la Información, Héctor Pavel Mellado González ahora “podrá ser medible y comparable con la generada por otros municipios del país ya que esos techos mínimos serán a los que responda lo mismo un municipio de aquí que uno de Chiapas por nombrar alguno”.
Estas determinaciones permitirán que “ya no sea el funcionario público quien presente lo que crea conveniente” en la página de acceso a la información local, sino que deberá apegarse a los criterios marcados como obligación, cuestiones que la población a nivel nacional podrá revisar en una página general para todo el país “sólo generando un usuario y contraseña”.
“Como ente me obliga a subir la información de manera directa, por ejemplo, la Secretaria de Ayuntamiento que actualmente tienen la obligación de proporcionar las actas de Cabildo, a partir de esta nueva ley no sólo eso sino presentar los acuerdos también en esta plataforma”.
El director expresó que como Instituto dejan “en gran medida avanzado este tema porque, como administración, se ha invertido en la compra de un nuevo servidor para hacer frente a las necesidades que ocupa la plataforma web de transparencia y poder dejar un andamiaje institucional de cómo se procesa la información que no existía hace 5 años”.
Indicó que por parte de la Contraloría ya se “dio cumplimiento” a la homologación de criterios que se marcaron en mayo pasado, destacando que ya pueden consultarse incluso quiénes son los funcionarios públicos sancionados, mismos que ya aparecen en la página e información contable a la que tiene acceso la Auditoria Superior en tiempo real “sin esperar dos años para ver las auditorias de cada uno”,
“Poco a poco se va avanzando en cada secretaria y la idea es dejar un gran avance a la próxima administración para dar seguimiento a la información que se pueda para encaminarnos a una mayor rendición de cuentas, a una transparencia con criterios específicos y ahora con mayor acceso porque ya no tiene que identificarse el ciudadano para saber lo que es de todos”.
Sin embargo, señaló que el tema primordial no es que instancias como la Auditoria tenga acceso a ello, sino que sea el ciudadano promedio el que tenga una participación más activa en este ejercicio, cuestionando y evaluando al gobierno para “saber si lo que hace está bien hecho, no está bien hecho o en qué se puede mejorar “.
“Se genera un gran revuelo por el cambio de administración y porque están siendo evaluados y verificados por el equipo de entrega-recepción, pero como ciudadanos hace falta involucrarnos en el saber qué está pasando, porque ese conocimiento nos vuelve de alguna manera contralores sociales y ahí cambia el chip, porque ahora será información más clara y específica con criterios establecidos”.
Para Mellado González, estos cambios, sumados a la participación de la gente, permitirán “ir generando una cultura de la transparencia donde el ciudadano conozca de qué se está hablando” y, eventualmente,” le va a cambiar la cara al país”.
“En los próximos 10 años va a cambiar, lo que estamos viendo no es sino la punta del iceberg, todavía faltan infinidad de cosas que van a empezar a salir y que como sociedad vamos a empezar a pedir. Puedo decir que, al cierre de la administración recibimos más de 450 solicitudes en los 3 años, pero como se empieza a ver que hay un cambio con los nuevos lineamientos de información y las pautas, los ciudadanos se interesan más porque ven que ya son más genéricos que les pudieran interesar lo que da este aumento y la idea es que no tiene que venir a preguntar si esa información, al pagar mis impuestos, es mía aunque antes se prestara incluso a cuestiones de interpretación, se nota ya la diferencia de cómo ha venido sucediendo esto”.
