La gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos Galván, exigió al gobierno federal que procese a funcionarios señalados por presuntos vínculos con el crimen organizado y pidió específicamente que se entregue a Estados Unidos al gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, al considerar que la impunidad pone en riesgo la soberanía nacional, la relación con Estados Unidos y la continuidad del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).
En un mensaje difundido el domingo en su cuenta de X, la mandataria panista afirmó que, aunque rechaza cualquier intervención militar extranjera en territorio mexicano, la discusión que actualmente se desarrolla en Estados Unidos sobre posibles acciones contra los cárteles tiene origen en la falta de acciones del gobierno federal contra funcionarios presuntamente vinculados con organizaciones criminales.
“Quiero ser muy clara, estoy totalmente en contra de cualquier intervención militar unilateral en México. Mi compromiso con la soberanía de mi país es total y no admite matices. Soy mexicana, gobernadora de un gran estado fronterizo y la integridad de nuestro territorio no se negocia”, sostuvo.
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Sin embargo, agregó que “lo que hoy se discute fuera del país como una posibilidad no surgió de la nada. Surgió de la decisión del régimen morenista de proteger a gobernantes y funcionarios que la justicia de Estados Unidos señala por vínculos con el crimen organizado”.
Campos señaló que la soberanía nacional no puede utilizarse como argumento para evitar investigaciones o procesos judiciales contra servidores públicos acusados de colaborar con grupos delictivos.
“Hoy más que nunca amar a México y defender nuestra verdadera soberanía es exigir que se cumpla la ley, que se entregue a Rocha Moya y a sus cómplices y que se investigue públicamente a los demás acusados”, expresó.
“Si llegara a haber una incursión extranjera en nuestro territorio o si llegáramos a perder el tratado comercial que sostiene millones de empleos, de vidas y familias, la responsabilidad será únicamente del gobierno de Morena y de la 4T”, afirmó.
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En el texto que acompañó la publicación, Campos señaló que México enfrenta una “crisis de confianza internacional” derivada, a su juicio, de la negativa de las autoridades federales a actuar contra gobernantes y funcionarios señalados por presuntos nexos con el crimen organizado.
“La verdadera soberanía de un país no se defiende con discursos; se defiende haciendo cumplir la ley y fortaleciendo el Estado de derecho”, escribió.
Morena responde y acusa “traición a la patria”
Las declaraciones de la gobernadora provocaron una respuesta de la dirigente nacional de Morena, Ariadna Montiel Reyes, quien la acusó de promover la intervención extranjera y cuestionó su gestión en materia de seguridad.
A través de su cuenta de X, Montiel preguntó: “¿Cómo te atreves a querer dar lecciones de ‘seguridad y soberanía’ después de que promueves la intervención extranjera, tienes a Chihuahua dentro de los estados con mayor violencia y abandonas el gobierno por dos semanas, como ha ocurrido en reiteradas ocasiones durante todo tu gobierno?”.
La dirigente morenista también sostuvo que la mandataria estatal carece de autoridad moral para cuestionar a la presidenta Claudia Sheinbaum y vinculó al PAN con la estrategia de seguridad implementada durante el gobierno de Felipe Calderón.
“Porque defendemos la aplicación de la ley y el Estado de derecho en nuestro país, afirmamos que eres una traidora a la patria, pues promoviste la violación de nuestra soberanía”, señaló.
Asimismo, aseguró que Morena defenderá la soberanía nacional “frente a lo más rancio del conservadurismo hipócrita que representas”.
Las declaraciones de Campos se producen en medio de una confrontación política con el gobierno federal derivada de la investigación que realiza la Fiscalía General de la República (FGR) sobre un operativo antidrogas efectuado en Chihuahua en abril pasado, en el que participaron cuatro agentes estadounidenses.
La investigación fue abierta después de que dos agentes de la CIA murieran en un accidente automovilístico tras participar en acciones relacionadas con el desmantelamiento de un narcolaboratorio en la entidad, mientras que otros dos agentes fueron trasladados de regreso a Estados Unidos.
La gobernadora fue citada por la FGR en calidad de testigo, pero entregó un escrito en el que rechazó rendir entrevista al considerar que el citatorio era ambiguo y carecía de fundamentación suficiente. Posteriormente, la institución informó que la mandataria únicamente presentó un documento en el que manifestó su disposición a no aportar información bajo las condiciones planteadas.
Campos ha sostenido que las investigaciones federales en su contra forman parte de una persecución política impulsada por Morena.
Además, legisladores morenistas promovieron una solicitud de juicio político contra la gobernadora ante la Cámara de Diputados; sin embargo, el procedimiento quedó sin efecto después de que los promoventes no ratificaron formalmente la petición dentro del plazo legal establecido.
Acusación en Nueva York contra Rocha Moya y otros funcionarios
Los señalamientos de Campos también ocurren casi dos meses después de que, el 29 de abril, la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York presentara una acusación contra Rubén Rocha Moya -actualmente gobernador con licencia de Sinaloa- otros nueve funcionarios y exfuncionarios estatales por presuntos delitos relacionados con narcotráfico y protección a la facción de “Los Chapitos” del Cártel de Sinaloa.
Entre los señalados se encuentran el senador morenista Enrique Inzunza Cázarez; el exsecretario de Administración y Finanzas, Enrique Díaz Vega -quien se entregó a Estados Unidos-; el vicefiscal Dámaso Castro Saavedra; los exjefes de la Policía de Investigación Marco Antonio Almanza Avilés y Alberto Jorge Contreras Núñez, alias “El Cholo”; el exsecretario de Seguridad Pública Gerardo Mérida Sánchez -quien también se entregó a la justicia estadounidense-; el exsubdirector de la Policía Estatal José Antonio Dionisio Hipólito, alias “Tornado”; el alcalde con licencia de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendívil, y el excomandante municipal Juan Valenzuela Millán, alias “Juanito”.
De acuerdo con el expediente, la presunta relación entre Rocha Moya y “Los Chapitos” habría incluido la intervención del grupo criminal en el proceso electoral de 2021 en Sinaloa. La acusación sostiene que Iván Archivaldo y Ovidio Guzmán habrían ordenado el robo de urnas, actos de intimidación y secuestros de opositores para favorecer la victoria electoral del entonces candidato de Morena.
El documento también refiere que integrantes de su equipo habrían proporcionado listas de adversarios políticos al grupo criminal y que la Policía Estatal recibió instrucciones de no intervenir ante reportes de violencia durante la jornada electoral.
Además, describe presuntas reuniones entre Rocha Moya y líderes de “Los Chapitos”, en las que se habrían acordado facilidades para el tráfico de drogas y el control de corporaciones de seguridad.
Por Aristegui Noticias
