Por El Informador
Una muestra del sistema de justicia penal en toda la República, es lo que se pretendió mostrar este lunes con el análisis aplicado en el estado de Morelos –uno de los primeros en implementarlo–, el cual fue titulado “Nueve años de ocurrencias en Justicia Penal: evidencias para entender la crisis de impunidad”.
El estudio fue presentado en la Ciudad de México por parte de Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), donde participó su director General, Juan Pardinas, y el director Jurídico, Ricardo Corona. La revisión duró alrededor de un año y sólo fue sobre Morelos porque fue el único estado que permitió el análisis, pero para los presentadores lo que ocurre ahí es una muestra de la situación en general del país.
“Este estudio toma una biopsia del cuerpo de la República, una célula, pero lo que estamos reflejando aquí es un problema nacional”, describió Pardinas.
La dinámica del análisis fue revisar expedientes de los delitos de homicidio y robo en el nuevo sistema y en el antiguo, para establecer si hubo mayor o menor impunidad. A su vez entrevistaron a 236 policías, peritos, ministerios públicos y defensores públicos; y 283 entrevistas a ciudadanos víctimas, presuntos responsables y testigos.
Ministerios públicos, pocos y corruptibles
Entre los resultados más relevantes estaba el que 76% de los defensores públicos encuestados cree que el Ministerio Público vende sus resoluciones, pues incluso 43% mencionó haberles hecho un pago. El 21% dijo pagar al policía investigador y en menor porcentaje también dieron dinero a peritos, abogados, auxiliares y secretarios.
Dos de cada diez señalaron que el servidor público solicita el pago o lo insinúa. “Es decir, tenemos un nivel de aceptación y de exigencia significativo”, dijo Corona.
Según las respuestas de los litigantes, 76% cree que la mayor causa en el rezago de las investigaciones es la insuficiencia de agentes.
Sin embargo, los defensores públicos también carecen de muchos conocimientos básicos para actuar en el nuevo sistema. Por ejemplo, al cuestionarlos sobre el método para manejar una escena del crimen 78% no mencionó que las autoridades deben acordonar el lugar.
