Por Sin Embargo
El sacerdote Alejandro Solalinde Guerra se dice “radicalizado”. Después de 12 años de atención y defensa de quienes pasan por México en dirección a Estados Unidos, el fundador del albergue “Hermanos en el Camino” –ubicado en Ixtepec, Oaxaca– dice que fue con la población migrante con la que aprendió a diseccionar la violencia e impunidad que se viven en este país.
“Cuando empiezo a trabajar con ellos, y a no sólo verlos como víctimas, sino también a ver por qué eran víctimas y quiénes eran los victimarios, empecé a analizar la situación, y de ahí empecé a crecer como misionero, como activista o voz profética, y empecé a fortalecerme y a tener el valor de decirle a los poderosos, a los ricos, a los de arriba, a los victimarios, a decirles lo que estaban haciendo, y también defender a los migrantes y a las víctimas”, dice Solalinde, de 71 años.
“Pero en los últimos años he ido radicalizando mi discurso, ante el endurecimiento, la simulación y ahora el cinismo de este Gobierno”, agrega en entrevista.
Desde el sexenio pasado, caracterizado por el vertiginoso aumento en los asesinatos, secuestros y extorsiones, entre otros delitos, el sacerdote católico empezó a llamar la atención sobre la vulnerabilidad en la que el aumento de la delincuencia organizada –en la que implica a las autoridades– dejaba a la población migrante.
“A lo largo de su viaje, muchas de estas personas son víctimas de asaltos, agresiones físicas y sexuales, abusos de autoridad, extorsiones, secuestros cometidos por parte de bandas delictivas y de la delincuencia organizada y, también, por autoridades públicas como policías de los distintos niveles y agentes del Instituto Nacional de Migración”, dice la portada de la página electrónica del albergue.
Desde 2014, agrega, la aplicación del Programa Frontera Sur no sólo ha forzado a caminar a quienes antes llegaban a México en el tren de carga llamado “La Bestia”, sino que también “ha iniciado una cacería indiscriminada de migrantes, aumentando los riesgos del camino”.
El sacerdote ha mantenido sus críticas al sistema político y su trabajo de asistencia y defensa de migrantes pese a haber empezado a recibir amenazas desde 2008, cuando, de acuerdo con la organización Amnistía Internacional, un grupo de policías, habitantes y el alcalde de Ixtepec lo amagaron con prenderle fuego al albergue si no lo cerraba.
Ha acusado de “racismo” al Instituto Nacional de Migración mexicano y, en el sexenio actual, ha insistido en cuestionar la actuación del Gobierno federal en la investigación por la desaparición de los 43 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa.
“El Gobierno sabe muchas cosas; si está reteniendo la verdad, es su responsabilidad, hay que decirlo este: manejo ya se contaminó y su manejo no es de justicia, es político”, fue una de sus afirmaciones en 2014, año del crimen.
El pasado 10 de marzo, la prensa nacional difundió que el Comité Noruego había aceptado su nominación al Premio Nobel de la Paz, propuesta por la Universidad Autónoma del Estado de México, alma máter del presbítero.
Y por tratarse de una voz crítica del Gobierno federal mexicano, por la situación de crisis de derechos humanos que vive el país –donde ya decenas de miles de asesinatos impunes y más de 26 mil personas desaparecidas– y por la negativa de la actual administración para aceptarla, es que esa nominación, considera Solalinde, resulta un “golpe” para el Gobierno del Presidente Enrique Peña Nieto.
“El hecho de que el Comité del Nobel haya aceptado mi postulación para el Premio Nobel de la Paz es un golpe, es un trancazo para este Gobierno y para este sistema corrupto reconocido en todos lados, porque saben perfectamente que soy de las principales personas que están haciendo una crítica muy puntual y constantemente a este Gobierno”, dice en la entrevista.
“Es un reconocimiento también a la parte de México que está luchando por los derechos humanos contra esta crisis de derechos humanos que vivimos”, agrega.
El sacerdote identifica a las políticas económicas de las últimas décadas –caracterizadas por las privatizaciones y el bajo crecimiento– como parte de la crisis de derechos humanos y agrega que la elección federal de 2018 presenta una oportunidad para modificarlas.
“Estos años han servido para fomentar este modelo neoliberal capitalista que ha generado una gran miseria, una gran pobreza, una enorme desigualdad y también mucha violencia, porque desde Felipe Calderón a la fecha no ha parado la violencia”, dice en la entrevista.
“Entonces, no hay otra esperanza para nosotros que esperemos un cambio que nos han regateado los gobiernos panistas y los gobiernos priistas, tener nuestras expectativas en 2018, y espero que haya un cambio de verdad en el Gobierno y un nuevo modelo económico que empiece a generar una condición económica diferente, que se preocupe no de las limosnas, porque nuestros campesinos indígenas obreros y mujeres no necesitan limosnas: necesitan justicia; necesitan oportunidades”, agrega.
