Los acontecimientos de violencia desatados el sábado por los cárteles del narcotráfico en Reynosa revelan mucho más que la incapacidad del Estado para enfrentar al crimen organizado: confirman la ausencia absoluta de una estrategia de seguridad para combatir a la delincuencia y proteger a la población.
Cambian presidentes, gobernadores, alcaldes, secretarios de la Defensa Nacional y mandos policiacos y nada: el crimen se mantiene inmutable. Más aún, se ha fortalecido y ha extendido sus operaciones mucho más allá del tráfico de estupefacientes.
Las autoridades anuncian operativos, inician investigaciones, atrapan cabecillas e informan de refuerzos e inversiones en seguridad, pero los cárteles ni se dan por enterados. Puro rollo. Los sicarios se mantienen como los dueños de las calles.
Nadie sabe con claridad qué pasa en Tamaulipas. El fiscal del Estado, Irving Barrios, ha aventurado la hipótesis de una lucha interna entre grupos del crimen que buscan el control de las zonas aledañas al Puente Internacional de Pharr.
Es posible que así sea. Además del trasiego de drogas, el tráfico de armas, la extorsión, la trata, el secuestro y los giros negros, en los últimos años la delincuencia ha puesto el ojo más allá: en la operación de las aduanas internacionales y el control de las agencias aduanales.
Cualquiera que sea la raíz de la violencia, el saldo de la jornada del sábado en Reynosa habla de un escalamiento insólito de la barbarie. En un acto tan abominable como irracional, los comandos armados mataron a 14 inocentes: peatones, taxistas, albañiles, enfermeros, conductores. En las refriegas, cinco delincuentes también murieron.
Los hechos se dan en el marco de desapariciones en la carretera de Monterrey a Nuevo Laredo y de enfrentamientos armados en Matamoros, Río Bravo y otros municipios de Tamaulipas. Es decir, no es un hecho aislado.
¿Cómo se llegó a tales niveles de brutalidad en Reynosa? Si la crueldad del crimen espanta, el vacío de autoridad es increíble. El desdén y la indiferencia de los tres niveles de gobierno asombra. Nadie entra al quite por una sociedad aterrada, indefensa, agobiada por las balas y la sangre. Sálvese quien pueda y sálvese cómo pueda.
Los hechos, obviamente, rebasan a una autoridad municipal insensible que ni siquiera es capaz de condenar la violencia y sólo echa la bolita a las instituciones federales. Patear el bote ha sido la política de la alcaldesa Maki Ortiz frente a la inseguridad. El gobernador Francisco García Cabeza de Vaca, por su parte, parece estar más preocupado por su sobrevivencia política que por las monstruosidades que desgarran su ciudad, la tierra donde vive su familia.
Ante un grupo de alumnos de la Maestría de Seguridad del Colegio de Defensa Nacional, el mandatario panista dijo el martes que en Tamaulipas “no hay tregua contra los violentos”. Y lo dijo en serio, 72 horas después de la matanza. Carajo, por favor, un poco de seriedad y de respeto para las víctimas y para la ciudadanía.
En la euforia de su triunfo electoral, la noche el 5 de junio del 2016, García Cabeza de Vaca prometió a los tamaulipecos “escribir una nueva historia para nuestros hijos”. Vaya historia la que se escribe hoy bajo su mando.
En el gobierno federal las cosas no van mejor. Si la gestión de Enrique Peña Nieto fracasó rotunda y explícitamente frente a la fuerza de los ejércitos del crimen, los narcobloqueos, las extorsiones, los secuestros y los incendios de negocios, la Cuarta Transformación no le va a la zaga. Anda por las mismas.
Pese al creciente proceso de militarización desplegado por el presidente López Obrador, en materia de seguridad no se ve ninguna mejoría. Como en muchas otras regiones, en Tamaulipas el Ejército y la Guardia Nacional se encuentran rebasados. Pero nada debe eso debe importarle mucho al mandatario. En la realidad paralela que habita, ya se acabaron las masacres, la tortura, el caos y el imperio de la delincuencia. Quizá por eso sus prioridades sean hacer política, cultivar su popularidad, atacar a los medios, embestir a sus críticos, ser amado y predicar el advenimiento de un nuevo régimen.
Cuando se idealiza una política que antepone “abrazos, no balazos” frente al crimen, es imposible definir una estrategia de seguridad. En Tamaulipas se paga con vida humanas el costo de la omisión y de la negligencia. Se renunció a lo básico (sellar caminos y rutas del narco, uso de inteligencia, articulación de esfuerzos y construcción de policías locales confiables) y hoy el agotamiento social, gubernamental y militar es tan evidente como lacerante.
Algunas maquiladoras anunciaban ayer la suspensión temporal de sus operaciones por la falta de condiciones de seguridad para sus trabajadores y las palabras del gobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez, a sus gobernados encerraban el estrepitoso fracaso de la lucha contra el crimen: “Eviten, si no es urgente, las vueltas a Tamaulipas”.
¿Hay algo más por decir?
Galerín de Plomos
En junio del 2019 el Estado Mexicano ofreció una disculpa a los familiares de las víctimas de la masacre de Allende, Coahuila. La matanza fue perpetrada por el crimen organizado y, según las palabras de la Secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, “con la complicidad del Estado”. La disculpa vacua, hueca, vaga, tardó ocho años en llegar. Ahora, gracias a documentos oficiales publicados por la revista Proceso y otras fuentes informativas se sabe que el actual Secretario de la Defensa Nacional, general Luis Crescencio Sandoval, entonces comandante de la Guarnición Militar de Piedras Negras, estuvo enterado de las atrocidades de los Zetas en Allende y no hubo mayores consecuencias contra el cártel. Pese a conocer de estos crímenes, dice Proceso, los mandos del Ejército en Coahuila “no hicieron nada contra el grupo criminal”. Algunas organizaciones han registrado 300 muertos y desaparecidos durante los crímenes asociados a la matanza. De ese tamaño es la insensibilidad gubernamental. Quizá para el 2029, el Estado ofrezca también una disculpa por las 14 víctimas cazadas a sangre fría por la delincuencia organizada —y por las omisiones del Estado— en Reynosa.
