Analiza la situación de las mujeres en México rumbo al 9º Informe Periódico de la CEDAW

POR NOTIESE

Ciudad de México.- En el marco de la  presentación del 9º Informe Periódico de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (CEDAW) en el que México tendrá que rendir cuentas ante organismos internacionales sobre la situación de los derechos mujeres, organizaciones de la sociedad civil elaboraron un informe sombre, que fue presentado en el  Encuentro “Cumplir para Avanzar: México ante el 9º Informe Periódico de la CEDAW”.

Organizado por Gloría Ramírez, coordinadora general de la Cátedra UNESCO de Derechos Humanos en la UNAM, en el encuentro se abordaron temas relativos a las alertas de género, la violencia feminicida en contra de mujeres periodistas, así como el acceso a la justicia y los derechos reproductivos de las mujeres de este país.

El Estado de México, la “isla” en la que la CEDAW no cuenta

Durante su exposición, Martha Lucía Mícher aprovecho para denunciar que actualmente el Estado mexicano es responsable de una serie de omisiones en relación a las recomendaciones emitidas por la CEDAW y que involucran la declaratoria de la Violencia de Género. Esto, dijo, se debe a que el Estado parece ver la declaratoria como una amenaza antes que una oportunidad para “mejorar la condición de las mujeres”, al tener la oportunidad conocer qué hacen o qué no hacen las instituciones en relación del cumplimiento de las recomendaciones.

Siendo uno de los más representativos casos de omisión, el del Estado de México, al cual llamo una “isla” en la que no aplica la CEDAW a pesar de que la declaratoria ya fue admitida en algunos municipios del estado.

Dijo que las omisiones más recurrentes están relacionadas con la falta de atención sobre el problema de origen en la violencia feminicida, la impunidad de las autoridades, así como la garantía sobre los mecanismos de defensa. Añadió además que la atención de estos puntos, tiene como enfoque privilegiar la prevención antes que el castigo, sin embargo las autoridades parecen no verlo de esta manera.

“No les gusta saber que a las mujeres las matan por el hecho de ser mujeres”
Al respecto, Patricia Bedolla, miembro del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF) en el Estado de México, dijo que en este estado hay una fuerte permisibilidad así como participación directa del gobierno en la violencia feminicida existente en la entidad.

En ese sentido denunció que el acceso de justicia para las mujeres, se encuentra frenado por las personas que se encuentran al frente de las instituciones encargadas de ofrecer ayuda a las mismas. Razón por la cual señaló lo urgente que resulta ofrecer una capacitación a las autoridades, para que éstas actúen debidamente.

La experiencia de Chiapas y Guerrero

Los síntomas de ineficiencia no son exclusivos del Estado de México, ejemplos de esta situación son los que se han vivido en los estados de Chiapas y Guerrero. Siendo los dos primeros estados en los que las asociaciones civiles han estado presionando para que el respectivo gobierno de cada entidad acceda a emitir la Alerta, esto último sin mucho éxito.

Martha Figueroa, directora del Centro de Derechos Humanos de las Mujeres en Chiapas e integrante del OCNF del mismo estado, dijo que en este territorio la violencia feminicida ha sido una constante. Y es que tan sólo de enero a abril de 2016 se han registrado 39 muertes violentas de mujeres. Siendo Tuxtla Gutiérrez la entidad con el mayor registro de estas muertes.

Sin embargo el gobierno en turno continúa ignorando la solicitud de Alerta de Género que han realizado.

Caso similar al de Guerrero, según lo reportado por Marina Reyna Aguilar, presidenta de la Asociación Guerrerense contra la Violencia hacia las mujeres A.C. Pues mencionó que en esta entidad la cantidad de muertes violentas de mujeres han ido en ascenso.

De acuerdo a los datos obtenidos a través del Observatorio de Violencia de Género Hannah Arendt, desde año 2003 al 2015 se contabilizan un total de  mil 558 “homicidios” dolosos contra mujeres. Se ha reportado incluso, que algunos de estos crímenes se han caracterizado por ser similares a los ejecutados por el crimen organizado. Siendo Acapulco, Chilpancingo e Iguala los municipios en que se concentran la mayoría de estos casos.

En ambos estados, coincidieron, es evidente el contexto de violencia feminicida en el que viven las mujeres, no obstante el problema sigue sin ser reconocido como tal.

El derecho a la interrupción legal del embarazo y el acceso a la justicia de las mujeres
Lourdes Enríquez, del Programa Universitario de Estudios en Género, destacó el trabajo que ha estado haciendo la academia en el análisis de la situación que viven las mujeres en el país, labor llevada a cabo especialmente por el Programa Universitario de Estudios de Género con el que cuenta la UNAM.  Así miso reconoció la labor de diversas organizaciones civiles que desde estrategias feministas han incidido en las políticas de este país; especialmente en lo relativo a la Interrupción Legal del Embarazo (ILE).

Sin embargo expresó su preocupación por las reacciones que ciertos grupos conservadores, liderados principalmente por la iglesia católica, han impulsado contra los avances legislativos relativos al código penal y en la ley de salud. El ejemplo más claro de estas reacciones e injerencias, se ven reflejadas en las 18 reformas impulsadas contra la ILE en todo el país; siendo la más reciente la que se aprobara en Veracruz hace unas semanas atrás. Reforma que le ha otorgado al ovulo fecundado, el carácter de “persona”, teniendo como consecuencia un efecto legal sobre el aborto. Ya que además de tener efectos de control sobre el cuerpo de las mujeres, crea una situación de criminalización, estigmatización y persecución sobre aquellas que decidan recurrir al aborto, pues este se convierte en un delito al considerarse “homicidio”.

Situación legal por la que muchas mujeres se encuentran procesadas, no por el “delito” de aborto, sino por el delito de “homicidio en razón de parentesco” y “en agravio de un producto en gestación”, dijo. Delito que se pena con 30 o 35 años de prisión. Siendo la gran mayoría de ellas mujeres en condiciones de pobreza o bien mujeres indígenas que no saben leer.
A esta situación la calificó como una forma de violencia institucional, que hace de nuestro Estado un “Estado feminicida que obliga a mujeres pobres a recurrir al aborto clandestino”. Arriesgando así no sólo su vida sino su libertad al ser acusadas de homicidio.