Agresiones a medios y periodistas son ataque directo al derecho que tiene la sociedad de estar informada.
Por Misael D´Mora
¿Cuál es la misión social de los medios de comunicación? una respuesta natural y tal vez la más obvia sería decir que es divulgar con objetividad y con apego a la verdad los hechos y noticias que afectan el futuro de los ciudadanos, sin embargo, durante décadas muchas de las empresas de información (y principalmente aquellas con mayor capacidad de difusión masiva) se dedicaron a propagar cualquier cantidad de datos e informaciones sin considerar las preferencias y las demandas de una audiencia que gradualmente quería saber detalles y datos que iban afectando su vida económica, social y política.
Después de muchos años llegó la comunicación digital, con ella cambió la fórmula para difundir y comunicar prácticamente cualquier cosa, pues mientras los medios masivos informaban y decidían la agenda de noticias que las personas “debían saber”, los periodistas encontraron en las redes sociales la alternancia para llegar a las audiencias que esperaban con ambición hablar, debatir e intercambiar informaciones sobre temas que los medios tradicionales se habían negado a tratar durante décadas. Sin duda esto es un avance en la construcción de democracia y ciudadanía, pero también trajo consigo amenazas para el ejercicio periodístico.
Por lo expuesto anteriormente, el asesinato, golpes, amenazas y cualquier ataque a periodistas, comunicadores y/o los medios para los que laboran, constituye una forma de violencia directa al derecho a la libertad de expresión de la víctima y también es un crimen directo al derecho que tiene toda sociedad para estar informada, de modo que atentar contra un periodista o medio en respuesta a las investigaciones que realiza es en sí un atentado contra toda la sociedad, pero es peor en México donde seis de cada 10 ataques son elaborados por funcionarios públicos de diferentes niveles.
En nuestro país quienes más organizan ataques hacia periodistas y medios de comunicación son (en ese orden): funcionarios municipales, policías estatales, elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, funcionarios estatales, policías municipales, policías federales y por ultimo funcionarios federales, es decir, el mayor desorden está (como en casi todo) en cualquier municipio de México.
¿Quiénes son los periodistas más atacados por funcionarios públicos mexicanos? aquellos que se dedican a investigar hechos de corrupción en municipios, quienes cubren operativos de la policía y los que cubren el combate al crimen organizado. Los medios de comunicación “favoritos” para ser blanco de agresiones son los escritos y las radios comunitarias que cubren informaciones locales o estatales, de modo que en estados y municipios es donde está el mayor problema para ejercer el periodismo en México.
Cuatro de cada 10 ataques a la prensa escrita se debieron a sus contenidos publicados y/o difundidos; en tanto que cinco de cada 10 casos de agresión directa a periodistas se dieron mientras ellos recopilaban información o mientras la difundían. Los estados con más nivel de agresiones para periodistas son: Chihuahua, Sinaloa, Durango, Jalisco, Michoacán, Guerrero, Veracruz y Quintana Roo.
Lamentablemente esto no es todo, existen otras maneras de atentar contra la libertad de expresión en México que han sido organizadas sistemáticamente durante años por legisladores (otra vez) locales y/o federales. Desde hace por lo menos seis años los políticos han estado elaborando propuestas de ley que buscan limitar la libertad de expresión y de asociación de los usuarios de internet.
En México hemos sido testigos de una serie de iniciativas de ley que han querido quebrantar las libertades que ofrece la red y hasta se ha llegado al absurdo de querer prohibirnos usar nuestros aparatos electrónicos para dejar de ejercer nuestro derecho a la libre expresión y a la libre asociación. Algunos de los ataques a nuestras libertades desde la elaboración de las leyes han sido las siguientes:
En 2010 el diputado federal Nazario Norberto Sánchez, del Partido de la Revolución Democrática (PRD) intentó limitar los contenidos en las redes sociales. En 2011 la priista Ivonne Ortega Pacheco también se pronunció a favor de forzar a los ciudadanos a limitar sus comentarios en medios digitales.
En 2011 otro diputado del Partido Revolucionario Institucional (PRI) de nombre Arturo Zamora (@arturozamora), también intentó castigar con cárcel a quienes hicieran comentarios en contra de candidatos, partidos, instituciones y funcionarios durante los periodos electorales.
El ex gobernador de Tabasco Andrés Granier buscó castigar los comentarios hechos en redes sociales, para lograrlo el Congreso modificó el Código Penal Estatal. Desafortunadamente los pasos de Granier fueron seguidos por otro priista, el actual gobernador de Veracruz, Javier Duarte, logró por medio del poder legislativo estatal aprobar una ley que castigaba a quienes difundan “rumores” en redes sociales. Ante ello, la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió que dicha Ley era inconstitucional por violar la libertad de expresión y el derecho a la información. Estas acciones negativas del PRI fueron copiadas en Nayarit, San Luis Potosí y Querétaro.
También el Partido Acción Nacional (PAN) ha hecho lo propio a través de Federico Döring, quien en algún momento buscó limitar que los usuarios digitales intercambiaran libros entre ellos. Esta medida fue criticada duramente por activistas en México y otros países por considerarla un intento por callar las voces críticas hacia el sistema de partidos de México.
Todos estos hechos dan cuenta de que por lo menos los tres partidos más importantes de nuestro país han buscado restringir la libertad de expresión de la ciudadanía. Todo esto dibuja un panorama difícil, porque si por un lado los funcionarios municipales y estatales son quienes más agreden a la prensa que difunde informaciones por actos de corrupción, y por el otro vemos que los congresos locales están buscando desde hace años que los ciudadanos dejen de comentar y compartir aquello que la prensa investiga, estamos ante un escenario complicado para que la sociedad ejerza derechos que hemos ganado con sacrificios en aras de trasparentar la manera en que los funcionarios públicos se conducen.
Por último hay que decir que en los últimos cinco años la violencia hacia la población en general ha sufrido modificaciones importantes, siendo la más aguda de 2012 a la fecha, es decir, lo que va de la administración de Enrique Peña Nieto, pues a partir de 2012 organizaciones no gubernamentales así como especialistas mexicanos y extranjeros aseguran que en este periodo el uso de la violencia hacia quien ejerce su derecho a la libertad de expresión se volvió “virulento”.
Sin duda esto pone en riesgo nuestro frenado desarrollo democrático, pero también hay que decir que muchos intentos por violar nuestra libertad de expresión han sido echados abajo gracias a manifestaciones de gente que se ha organizado en redes sociales, tal vez por ello es que muchos políticos buscan achicar los derechos digitales, pues se ha comprobado que la organización civil digital ha rendido importantes frutos.
