Por El País
La confusión rodeaba este martes la nueva estrategia del chavismo para atajar la crisis política en que está inmerso el país. La respuesta en las calles no se hizo esperar. En Caracas los manifestantes bloquearon desde la madrugada las salidas de la principal autopista de la capital con vehículos y barricadas. En respuesta, la policía disparó gases lacrimógenos, cerró los accesos a los bastiones tradicionales de la oposición, al este y noreste de la capital, así como a algunas barriadas populares.
En el oeste de la ciudad, bajo control chavista, la mayoría de los venezolanos fueron a trabajar sin encontrar mayores obstáculos. El Gobierno y sus grupos paramilitares, conocidos como colectivos, mantienen un fuerte control social en estas zonas, en un intento de demostrar que la decisión anunciada por Maduro no ha generado rechazo entre sus electores y ministros. De hecho, el titular de Defensa, Vladimir Padrino López, aseguró ayer que “no hay nada más democrático que convocar al poder constituyente”.
En una muestra de la tensión creciente que atraviesa el país y apenas 24 horas después del anuncio de Maduro, el Gobierno hizo pública la prohibición de portar armas en todo el país durante los próximos tres meses con el fin de garantizar la paz y la seguridad, sin dar más explicaciones sobre la medida.
El plan anunciado anteayer por el mandatario pasa, en principio, por celebrar un gran congreso al estilo de los antiguos sóviets y sin participación de los partidos. Serían unos 500 delegados elegidos por voto directo y secreto. La mitad de esos aspirantes serían seleccionados entre los grupos de base del chavismo. Pero no está claro si de esas deliberaciones saldría una nueva Constitución o si propondrían una reforma que incluya a esos sectores en la actual Carta Magna. El propósito del chavismo parece más bien recuperar la iniciativa que perdió a finales de marzo cuando el Tribunal Supremo de Justicia usurpó las funciones del Parlamento y se vio luego forzado a dar marcha atrás.
