Organizaciones civiles especializadas en derechos digitales y acceso a la información exigieron al Gobierno federal aclarar el fundamento legal con el cual dependencias como la Marina y el Ejército instalaron antenas falsas de telefonía que recolectan información de los usuarios.
Según una investigación de South Lighthouse, en la Ciudad de México existen al menos 21 torretas, conocidas como IMSI catchers, que recolectan datos de todos los teléfonos en su rango de alcance de manera masiva e indiscriminada.
Las antenas falsas fueron ubicadas en lugares como la autopista México-Puebla, con alcance hasta la Fiscalía Genera
l de Justicia del Estado de México y el Campo Militar 37-B de la Secretaría de la Defensa Nacional.
Pero también en el Zócalo capitalino, el Palacio de Bellas Artes, el Palacio Legislativo de la Ciudad de México, el Heroico Colegio Militar, el Archivo General de las Notarías.
Las antenas pueden obtener información como los números de identificación de la tarjeta SIM (IMSI) y del dispositivo (IMEI), el proveedor de telefonía celular, ubicación, e incluso llamadas y mensajes.
“Tienen la capacidad de interceptar la conexión entre una red celular auténtica y los teléfonos, recolectando información sin el consentimiento o conocimiento de las personas o del proveedor del servicio de telefonía”, advirtieron Artículo 19, Social Tic y la Red en Defensa de los Derechos Digitales (R3D).
Las organizaciones indicaron que los hallazgos de la chilena South Lighthouse coincide con la información obtenida por la organización civil PODER, referente a 21 contratos vigentes del Gobierno federal con la empresa fabricante de estas torres falsas L3Harris Technologies, Inc.
Tres de los contratos comenzaron en marzo, abril y julio de 2019, es decir en la actual Administración federal, suscritos por el Ejército y la Marina, por un total de 23 millones 94 mil 970 pesos.
“Si la información recolectada por las antenas se usa de forma incorrecta o se extravía, expone a dañar a quienes tienen un rol crucial en el fortalecimiento de nuestra democracia, y quienes ya han sido sujetas y sujetos de severas agresiones a su privacidad por otras administraciones”, alertaron las organizaciones.
“Por lo anterior, las organizaciones firmantes hacemos un llamado al Gobierno federal para que esclarezca bajo qué fundamento legal la Sedena, Semar y cualquier otra autoridad federal han adquirido y desplegado IMSI catchers”.
También pidieron que se clarifiquen los protocolos y mecanismos de rendición de cuentas existentes para evitar el uso arbitrario.
Y que demore el uso de herramientas de vigilancia hasta que no exista una regulación robusta y suficiente para prevenir abusos y garantizar rendición de cuentas.
POR REFORMA
