Indaga Fiscalía fraude a Cruz Azul

La Fiscalía General de la República (FGR) investiga a José Antonio Marín Gutiérrez, quien fuera apoderado legal y ex presidente del Consejo de Vigilancia de la Cooperativa Cruz Azul, por presuntos pagos ilegales por más de 78 millones de pesos con dinero de la cementera.

La subprocuraduría Especializada en Investigación de Delitos Federales está próxima a presentar ante un juez la imputación contra Marín por el delito de disposición ilegal de recursos, previsto en la Ley de Instituciones de Crédito, informaron fuentes federales.

Marín es, junto con Víctor Manuel Velázquez, una de las cabezas visibles de la disidencia que desde hace por lo menos un lustro se opone a la dirección de Guillermo Álvarez Cuevas al frente de la cooperativa.

De acuerdo con los antecedentes del caso, la FGR indaga a Marín por supuestos desvíos de las arcas de la cooperativa por 78 millones 742 mil 578 pesos, en transferencias realizadas el 29 de enero, el 27 de marzo y el 28 de agosto de 2019.

En esta última fecha, Marín ingresó a las oficinas de la cementera, en Periférico Sur, con base en una medida cautelar dictada por el juez federal Felipe Consuelo Soto, quien le otorgó la calidad de interventor con cargo a la caja.

Las denuncias que indaga la FGR señalan que ese día Marín se hizo del control de los tokens de diversas cuentas bancarias de la cooperativa y luego hizo algunas transferencias a despachos de abogados y empresas con las que nunca tuvo relación alguna la cementera, así como a “factureras”.

La medida cautelar dictada por Consuelo Soto sólo estuvo vigente hasta el día en que el ahora imputado ingresó a las oficinas de la cooperativa.

Aunque la cementera presentó una queja contra el juez por haberle dado una medida cautelar a Marín, sin ser parte de la demanda, Consuelo Soto no fue sancionado. Sin embargo, semanas después de su resolución, fue removido y enviado como titular de un juzgado de distrito en Chiapas.

Según los informes obtenidos, la FGR indaga dos denuncias por este caso, una de ellas presentada por la directiva de Guillermo Álvarez, por violación a la Ley de Instituciones de Crédito, y otra de su hermano José Alfredo Álvarez Cuevas, por el delito de administración fraudulenta.

Las querellas se presentaron con una diferencia de varios meses, lo que explica que la primera esté prácticamente concluida y a punto de ser judicializada, mientras que la segunda apenas se encuentra en los trámites iniciales.

Los delitos que le atribuyen a Marín no tienen contemplada la prisión preventiva de oficio y si el juez estima que la imputación cuenta con los datos suficientes, tendrá el derecho a llevar un eventual proceso en libertad.

POR REFORMA