Por Excélsior
Sin un mecanismo que garantice el fondeo económico necesario, la política cultural de México estará sujeta a revisión anual para tener la capacidad de “atender los retos que registre y a una estricta fiscalización del uso del presupuesto que implique el fomento, difusión, preservación, conservación, mejoramiento de los bienes y expresiones culturales”, establece la Ley General de Cultura y Derechos Culturales.
Aprobada anoche por el pleno del Senado la República, la nueva ley que regirá el sector cultural, criticada en tribuna por el coordinador del Partido del Trabajo, Manuel Bartlett, precisa que no se autorizarán recursos adicionales a la Secretaría de Cultura federal para atender las facultades y atribuciones que le genera este nuevo marco legal, que nace después de ocho años de retraso.
“Las erogaciones que se generen con motivo de la entrada en vigor de la presente ley, así como las modificaciones a las atribuciones conferidas o a la estructura orgánica de la Secretaría de Cultura, deberán cubrirse con cargo al presupuesto aprobado para el presente ejercicio fiscal y subsecuentes del Ramo Administrativo 48 Cultura, debiendo realizarse mediante movimientos compensados conforme a las disposiciones jurídicas aplicables, toda vez que no se autorizarán ampliaciones al presupuesto regularizable de dicha Dependencia”, establece su régimen transitorio.
Tal como lo reveló Excélsior, la nueva ley cultural excluyó todo el entramado legal para garantizar el fondeo económico de la política y actividades culturales del país, con medidas como obligar a un financiamiento anual creciente, que originalmente se agrupó en todo un capítulo de ley, como producto de la discusión y acuerdos alcanzados por senadores y diputados federales de integrantes de las comisiones de Cultura de ambas cámaras.
