José Alberto “G”, alias la “Kena” y/o “Ciclón 19” fue vinculado a proceso por un juez de Control, después de que el Ministerio Público lo acusa del delito de secuestro, por lo que permanecerá en prisión.
El inculpado se encuentra recluido en el Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) No.1, “El Altiplano” en Almoloya de Juárez en el Estado de México, desde donde siguió de manera virtual la audiencia en torno a su proceso.
La Fiscalía General de Justicia del Estado, a través de su representante presentó las pruebas correspondientes para relacionar a José Alberto “G” con el delito de secuestro,, por lo que el juez determinó su vinculación a juicio.
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También se estableció un plazo de 90 días para la investigación complementaria, y además el imputado debe permanecer en prisión como medida cautelar, lo anterior como parte de la audiencia.
La Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas (FGJT) ofrecía una recompensa de 2.5 millones de pesos a la persona que proporcionara información necesaria para el arresto de José Alberto “G”, considerado objetivo prioritario binacional de seguridad.
El 18 de enero, la “Kena” fue detenido dentro de El Palacio de Hierro en el municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, en un operativo conjunto de la Secretaría de Marina (Semar) y la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León.
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La Fiscalía General de la República (FGR) lo acusó del delito de delincuencia organizada con el propósito de colaborar al fomento de delitos en materia de salud, en la modalidad de comercio, en su variante de venta y posesión de armas de fuego de uso exclusivo del Ejército.
El juez de Distrito Especializado en el Sistema de Justicia Penal Acusatorio en Reynosa, Tamaulipas, Crescencio Contreras Martínez, optó por no vincularlo a proceso, luego de señalar que las autoridades de la Fiscalía únicamente contaba con indicios en contra del presunto criminal, como una licencia de conducir falsa, localizada en uno de los cateos realizados a una casa del municipio de San Pedro Garza, ahi también se aseguraron dos armas largas y 257.8 gramos de clorhidrato de cocaína.
Señaló además que el Ministerio Público no aportó pruebas que dejaran en claro que José Alberto “G”, vivía en dicho domicilio, mientras que la simple posesión del narcótico, no advertía la conducta de la venta.
Ante esta decisión del juez Crescencio Contreras Martínez, las autoridades de la Secretaría de Gobernación presentaron a la Cámara de Diputados, una denuncia de Juicio Político en su contra.
