POR LETRAESE
Todas las personas trabajan con su cuerpo. Unas lo hacen con las manos; algunas otras con la fuerza de sus diferentes músculos; todas, con el cerebro. Sin embargo, en el momento en que se involucran los órganos sexuales, surge toda una polémica que cuestiona, incluso, si a esa actividad se le puede clasificar como trabajo.
La discusión sobre el concepto de trabajo sexual se ha agudizado en la Ciudad de México en las últimas semanas, en el marco de la construcción de la primera Constitución local, la cual deberá ser dictaminada a más tardar el 30 de noviembre, para ser aprobada en su totalidad el 31 de enero próximo.
El debate se ha dado en especial al interior del movimiento feminista, al ser el fenómeno uno que involucra principalmente a las mujeres (ya sea biológicas o transexuales). Por un lado, están las activistas que defienden la venta de sexo como un trabajo que requiere ser reconocido y amparado por las leyes laborales, siempre y cuando sea elegido libremente por quien lo ejerce. En el otro lado se encuentran aquellas activistas que sostienen que ninguna mujer elige libremente ese trabajo, sino que está siempre determinada por el sistema patriarcal que dicta que los cuerpos femeninos son susceptibles de venderse, comprarse y poseerse, y que en ese ambiente las mujeres nunca estarán exentas de la violencia machista.
En el medio de la discusión están quienes desempeñan esta actividad, que dicen estar cansadas de que gente de la academia, de las instituciones de gobierno y de muchas organizaciones civiles se siente a hablar sobre ellas, sobre lo que deberían o no hacer y lo que convendría para sus vidas, cuando no saben lo que cada una tiene que pasar para sobrevivir día a día.
Exposición y riesgo
En la década de los cincuenta, el entonces regente capitalino Ernesto Uruchurtu se propuso acabar con la vida nocturna de la Ciudad de México, en especial con los prostíbulos o “casas de citas”, que veía como foco de decadencia y degradación –aun cuando se dice que tenía una cercana relación con Graciela Olmos “La Bandida”, la más poderosa madame de la época–.
A partir de aquel momento, las trabajadoras del sexo no desaparecieron, sino que se vieron forzadas a trabajar en las calles o en establecimientos pero de manera clandestina, en ambos casos a merced de la extorsión constante de todo tipo de autoridades. Esto a pesar de que en nuestro país, ya desde el siglo XIX con las reformas juaristas, vender sexo no es un delito. Se trata, sí, de una falta administrativa, pero eso no significa que el trabajo sexual esté prohibido por la ley para las personas mayores de edad.
La sanción administrativa a la que se hacen acreedoras las y los trabajadores sexuales de la Ciudad de México está descrita en el artículo 24, fracción VII de la Ley de Cultura Cívica local, que incluye a esta actividad en la categoría de “infracciones contra la tranquilidad de las personas”, equiparándola con la posesión de animales sin las medidas higiénicas necesarias o la producción de ruido que perturbe la paz de los vecinos. Para que esta sanción sea exigible, desde 1997 se puso como condición que haya una queja vecinal.
Aun así, las extorsiones son constantes para las trabajadoras sexuales que están en la calle, por lo que en 2012, un grupo de trabajadoras del sexo comercial, de la mano de la organización Brigada Callejera de Apoyo a la Mujer “Elisa Martínez”, solicitó que se las reconociera como trabajadoras no asalariadas de acuerdo con los criterios de la Secretaría del Trabajo del entonces Distrito Federal (misma categoría en la que entran limpiabotas o franeleros). La petición les fue negada, por lo que se interpuso un juicio de amparo, mismo que fue concedido en febrero de 2014. Esta resolución permitió que las quejosas obtuvieran una credencial de trabajadoras no asalariadas, con la que pueden defenderse, al menos simbólicamente, de extorsiones o detenciones arbitrarias.
El proyecto de Constitución de la Ciudad de México incluye de manera expresa el reconocimiento y la protección al “trabajó sexual voluntario y autónomo como una actividad lícita”.
Apuesta por la protección legal
A partir de esa resolución, dictada por la juez primera de distrito en materia administrativa, Paula María García Villegas, el consejo de notables que elaboró el proyecto de Constitución de la Ciudad de México decidió incluir de manera expresa el reconocimiento y la protección al “trabajó sexual voluntario y autónomo como una actividad lícita”.
De acuerdo con la antropóloga feminista Marta Lamas, esto permitirá plantear nuevas formas de organización del trabajo, considerando también que las actuales leyes contra la trata de personas en México criminalizan las alianzas laborales en este rubro, como puede ser el caso de dos amigas que rentan un departamento con el fin de vender sexo, donde la que firma el contrato de arrendamiento puede ser considerada tratante.
“Si se aceptara que las mujeres pudieran trabajar en locales regulados, eso sería más seguro y más barato para ellas”, afirmó al participar en el primero de cuatro parlamentos abiertos sobre el tema, organizados por el diputado local Víctor Hugo Romo, del PRD. Además de mejorar las condiciones laborales para quienes se dedican al comercio sexual, la propuesta es derogar la fracción VII del artículo 24 de la Ley de Cultura Cívica, para que no exista ninguna sanción administrativa contra esta actividad.
A las dos primeras mesas de diálogo acudieron numerosas trabajadoras sexuales, tanto transexuales como mujeres biológicas, y algunos hombres dedicados a ese comercio, así como feministas que buscan eliminar totalmente el fenómeno por considerar que atenta contra los derechos humanos de las mujeres que venden sexo.
Así, Alma Delia, una trabajadora sexual trans de la organización Ángeles en busca de la libertad, aseguró que mientras no se legisle sobre su actividad como un trabajo persistirá la corrupción, además de exigir que se les otorguen derechos como la vivienda o los servicios funerarios.
Por su parte, tanto Krisna como Erika Villegas, otras trabajadoras sexuales trans, afirmaron por separado que están “hartas de que se sienten a hablar de nosotras”, pues cualquier política pública que se planee en la materia debería contar con su participación.
