CIUDAD VICTORIA, Tamaulipas.- Serán castigados los funcionarios que utilicen recursos públicos para las campañas, con destitución del cargo, inhabilitación y sanción penal, advirtió la Fiscalía Especializada contra Delitos Electorales (Fepade), en la instalación del Comité de Blindaje Electoral para el Proceso Electoral 2017-2018, con la presencia de la Secretaría de Función Pública (SFP) en la delegación de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol).
Mencionaron que no solo quienes coaccionen el voto serán sujetos a las sanciones, también quienes presten en horario laboral algún servicio o apoyo a los candidatos o partidos políticos, utilicen recursos públicos para promoción política y condicionen programas y prestaciones gubernamentales, según establece la Ley General en Materia de Delitos Electorales.
El Subdirector de Política Criminal y Vinculación en Delitos Electorales de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE), Ingelmo Michaca dijo que durante la veda electoral los funcionarios de los tres niveles de gobierno, están sujetos al cumplimiento de la Ley General en Materia de Delitos Electorales y de las sanciones en caso de violentarla.
Explicó cuales son las acciones más comunes que pueden ser causales de delitos por parte de los servidores públicos, como son la coacción del voto, las amenazas y exigencias a los subordinados para que participen en eventos proselitistas así como el condicionamiento de programas o prestación de servicios gubernamentales al no aceptar apoyar a cualquier partido o candidato.
Así también el hecho de condicionar o favorecer la entrega de concesiones, permisos, licencias, autorizaciones, franquicias e incluso la realización de obras públicas con fines electoreros son también delitos electorales y se considera peculado la utilización de fondos, bienes y/o servicios a favor de algún candidato o candidata.
Agregó que una acción tan simple como prestar las unidades oficiales para el acarreo de gente a los actos proselitistas o a votar el día de la jornada electoral, así como prestar computadoras o impresoras para elaborar la propaganda electoral, son también delitos que la ley contempla.
La instalación del Comité de Blindaje Electoral, sirvió para capacitar a los servidores públicos, dar a conocer las principales acciones que motivan delitos electorales y para poner lupa a los más de 300 mil apoyos que el Gobierno Federal reparte en la entidad.
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