CIUDAD DE MÉXICO.- La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) y la asociación The World Justice Project presentaron una iniciativa que entregarán al Poder Legislativo para que se expida una Ley Nacional de Actos de Investigación del Delito, que homologue y consolide los criterios que deben regir las actuaciones policiales y la recolección de evidencia criminal.
En el contexto de la reforma constitucional en materia de seguridad pública, Gustavo de Hoyos Walther, presidente de Coparmex, acompañado por miembros de la asociación civil, indicó que un tema toral que no ha sido abordado en el debate público de la Guardia Civil es el relacionado con la calidad y la forma en que se llevan a cabo los procesos de investigación, es decir, la vinculación entre el hecho delictivo y el hecho de que éste no quede impune a través de un proceso judicial, que también está asociado al respeto a los derechos humanos y que es el talón de Aquiles del sistema de justicia.
Detalló que la propuesta, que también se presentará a la propia oficina del presidente de la república, se trata de incluir un artículo transitorio que mandate al Constituyente permanente de tal manera que los 120 días siguientes a la aprobación de la reforma constitucional se pueda emitir la Ley Nacional de actos de investigación.
Indicó que esto va más allá de la eventual conformación de la Guardia Nacional, pues de no hacerse estos cambios el sistema de seguridad pública y el de justicia tendrán una debilidad de estructura.
Roberto Hernández, investigador senior de World Justice resaltó que desde hace diez años se inició en México una reforma penal que transformó drásticamente el sistema penal, sin embargo se dejó sin tocar el sistema de justicia penal en sus etapas fundamentales –la investigación–, donde se sigue utilizando en México la tortura como método investigación criminal.
Enfatizó que de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), la tortura y el maltrato –como un medio para obtener pruebas– tiene una mayor incidencia en cuerpos de seguridad federales y ejemplificó que la Marina es señalada con un 88 por ciento de incidencia, seguida del Ejército con 86 puntos porcentuales, mientras que las fuerzas policiacas municipales tienen menos, pero la cifra no es baja (69 por ciento).
El hecho es que todas las autoridades, no sólo el Ejército y la Marina o una posible Guardia Nacional, acuden estos métodos como mecanismo para obtener evidencia incriminatoria y consideramos que esto es inaceptable e insostenible pues a la hora de que los casos llegan a juicio, se caen”, dijo Hernández quien también señaló que el nivel de tortura tiene que ver con el delito que se persigue.
Lilian Chapa Koloffon, investigadora de World Justice Project, indicó que es urgente combatir la impunidad que se sufre en el país, pues los delitos no se investigan y cuando se investigan se hace de manera muy pobre, pues la mayoría de los elementos de las corporaciones no están capacitados para realizar ese procedimiento.
Agregó que la función del ministerio público debe ser litigar los casos y quién debe hacer la investigación de los delitos son los casi 300 mil policías que hay en México, pero solo hacen funciones de vigilancia, a pesar de que ellos son los que atestiguan todos los días actos delictivos.
De Hoyos Walther enfatizó que el debate no se acaba en el sentido de si la Guardia Nacional queda conformada de tal o cual manera, no se agota si el mando es civil o es militar, sino lo importante es que más allá de quien tenga el mando, existan normas claras que aseguren la eficacia y no se genere impunidad ante la falta de evidencia suficiente.
