AFP
Las autoridades catalanas podrían declarar unilateralmente la independencia en los próximos días, pero el gobierno español ya analiza las posibilidades que tiene para que esta idea quede descartada.
La medida más extrema sería la aplicación del artículo 155 de la Constitución, que permite al gobierno central:
“Adoptar las medidas necesarias en una región determinada, y someterla al cumplimiento forzoso de las obligaciones establecidas por la Constitución u otras leyes”.
Políticamente se considera que el recurso a dicha medida equivale a suspender la autonomía catalana.
No obstante, el impacto económico de la crisis también puede volverse contra el gobierno, y en ese caso los empresarios exigirían al ejecutivo que negocie.
Y exactamente, el aspecto económico podría ser un factor para que Cataluña cambie de idea, pues el gobierno catalán no ha dado muchos detalles sobre los medios de que dispone para asegurar las funciones clásicas de un Estado: seguridad, control de fronteras y del espacio aéreo, finanzas o salud.
Además, debe tomar en cuenta que:
Tiene un “embrión” de Hacienda pública.
La región está muy endeudada.
El Estado español puede cortarle los fondos.
Un medio de presión muy potente está sobre los funcionarios, a quienes España les paga directamente los salarios.
El dato:
El artículo no ha sido invocado en los 40 años que la Constitución española está a punto de cumplir, tantos como la propia democracia en el país.
