En un fallo histórico, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condenó a México por el caso de dos hombres que pasaron 17 años en la cárcel sin una sentencia debido a la prisión preventiva oficiosa.
Después de dos décadas luchando, se ordenó que se detuvieran los procesos legales en contra de Daniel García Rodríguez y Reyes Alpízar Ortiz, quienes fueron arraigados en 2002 por el asesinato de la regidora panista María de los Ángeles Tamés.
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“El Estado de México es responsable la violación de los derechos a la integridad personal, libertad personal, a las garantías judiciales, a la igualdad ante la ley y a la protección judicial cometidas en contra de Daniel García Rodríguez y Reyes Alpízar Ortiz por su detención y privación a la libertad, en el marco del proceso penal del cual fueron objeto”, se lee en el comunicado de la CIDH.
De acuerdo al alto tribunal internacional, el proceso legal en contra de los acusados estuvo lleno de irregularidades, pues ellos denunciaron malos tratos y torturas por parte de las autoridades del Estado de México.
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Ambos fueron detenidos en 2002 y, según sus testimonios, son inocentes pero fueron obligados a firmar documentos sin la presencia de un abogado y bajo amenaza de las autoridades.
Como parte de la sentencia, la CIDH solicitó a México adecuar su ordenamiento jurídico interno sobre prisión preventiva oficiosa, pues se considera que va en contra de la Convención Americana
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“Esta norma no menciona las finalidades de la prisión preventiva, ni los peligros procesales que buscaría precaver, ni tampoco la exigencia de hacer un análisis de la necesidad de la medida frente a otras menos lesivas para los derechos de la persona procesada, como lo serían las medidas alternativas a la privación a la libertad”, se explicó en la sentencia.
¿Qué es la prisión preventiva oficiosa?
Esta medida se establece en el Artículo 19 de la Constitución Mexicana y se ejecuta en delitos como feminicidio, homicidio doloso, terrorismo, espionaje, traición a la patria, entre otros.
La prisión preventiva no adelanta la condena y es usada por el Ministerio Público para garantizar la comparecencia del imputado en el juicio.
POR ABC
