
Por Redacción
Hace unos momentos, el presidente Andrés Manuel López Obrador dio a conocer el decreto para regularizar los autos “chocolate” mediante facilidades administrativas y estímulos, esto en diez estados de la República en donde no cuenten con un documento que acredite su estancia legal en el país.
“Los vehículos usados cuyo Número de Identificación Vehicular corresponda al de fabricación o ensamble del vehículo en México, Estados Unidos de América o Canadá y se clasifiquen en las fracciones arancelarias que se señalan en el siguiente párrafo, que al 19 de octubre de 2021 se encontraban en el territorio de los estados de Baja California, Baja California Sur, Chihuahua, Coahuila de Zaragoza, Durango, Michoacán de Ocampo, Nayarit, Nuevo León, Sonora y Tamaulipas y no cuenten con el documento que acredite su legal estancia en el país, para efectos de su regularización en territorio nacional, podrán ser importados definitivamente sin que se requiera certificado de origen, permiso previo de la Secretaría de Economía, ni inscripción en el Padrón de Importadores”, se lee en el documento.
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Por otro lado en el Diario oficial de la Federación se detalla que el beneficio se podrá obtener siempre y cuando el modelo del vehículo sea de ocho o más años anteriores a que sea importado y se encuentre en Baja California, Baja California Sur, Chihuahua, Coahuila, Durango, Michoacán, Nayarit, Nuevo León, Sonora y Tamaulipas. Siempre y cuando el propietario sea persona física y mayor de de edad, además de residente en el territorio, además de pagar 2.500 pesos.
No podrán importarse en forma definitiva al territorio nacional, los vehículos usados en los términos expresados en el decreto, que:
Por sus características o aspectos técnicos, esté restringida o prohibida su circulación en el país de procedencia o en México;
El vehículo a importar sea de lujo o deportivo a que se refiere el Anexo 2 de la Resolución que establece el Mecanismo para Garantizar el pago de Contribuciones en Mercancías sujetas a precios estimados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, ni se trate de vehículos blindados.
No cumplan con las condiciones físico mecánicas o de protección al medio ambiente, de conformidad con las disposiciones federales o locales aplicables;
Hayan sido reportados como robados, o
Se encuentren relacionados con la comisión de un delito en alguna carpeta de investigación o proceso penal.




