SEGUNDA PARTE
Texto: Celia Guerrero, Fotografía: Pepe Jiménez , Gráficos: Fernando Santillán y Arturo Contreras
El predio es conocido popularmente como “Casa de Ídolos” porque la gente dice que de él fue extraída una de las esculturas con forma de cabezas de serpiente que hoy se encuentran exhibidas en el museo arqueológico de Valle de Bravo. De acuerdo con el informe de Hernández Rivero, en “Casa de Ídolos” se ha encontrado gran cantidad de materiales propios de basamentos piramidales “que anuncian la importancia del depósito cultural que le subyace”.
El informe también señala que en fracciones de este lote se han construido de manera irregular pequeñas casas y una ferretería.
El 30 de abril de 2014, los arqueólogos Ricardo Arturo Jaramillo Luque, director del Centro INAH Estado de México (CINAHEM), y José Hernández Rivero, responsable de los trabajos de investigación del mismo Centro, se reunieron con Adalberto Arellano Contreras, apoderado legal de Desarrollo de las Monjas. Acordaron que la empresa cubriría los sueldos de los trabajadores del rescate, así como otros gastos durante cuatro meses, aunque en caso de ser necesario podría prorrogarse. Finalmente, mediante este acuerdo, el INAH se obligaba a liberar el predio.
Representantes del Consejo de Arqueología del INAH realizaron una visita de inspección —en julio— y, ante la complejidad del asentamiento prehispánico, Hernández Rivero propuso pasar del rescate (recuperar restos que están en peligro) al salvamento (investigar y recuperar evidencias culturales) arqueológico.
Rivero da cuenta del hallazgo en el sur del predio de un altar que fue “desmontado” para evitar que la empresa arrasara con él. Además, menciona un muro o “estructura de tamaño mayor” muy dañada, y plantea su “conservación” al integrarlo al proyecto. En el noroeste halló otro altar de “estilo arquitectónico típico del máximo desarrollo del sitio”. Para poder liberar el predio, el consejo de arqueología decidió su “remoción total y reubicación con fines didácticos y museográficos”.
El 21 de agosto de 2014, los arqueólogos y representantes de la empresa volvieron a reunirse y acordaron la segunda etapa del proyecto, ahora de salvamento arqueológico, durante cinco meses más. Este nuevo proyecto planteó como estrategia el desmonte de estructuras arquitectónicas, entre ellas otro altar y una escalinata. En noviembre de 2015, Jaramillo Luque y la arqueóloga María de Lourdes Toscano Hernández acordaron con Arellano Contreras un último proyecto: los “trabajos de conservación-integración de los vestigios”.
Finalmente, el 18 de diciembre, Toscano Hernández emitió el dictamen para la liberación del predio. Con ello, el INAH dejó los terrenos “Las Monjas” y “Casa de Ídolos” listos para la construcción del centro comercial.
De acuerdo con la ley de monumentos y zonas arqueológicas, dañar, alterar o destruir una, es motivo de tres a diez años de prisión, o multa por el valor del daño causado. Sin embargo, ninguna denuncia o sanción ha sido presentada en contra de Desarrollo de Las Monjas.
Un arqueólogo consultado —que prefiere ocultar su identidad por miedo a represalias laborales— señala que en este caso, si existiera una denuncia, dado que el INAH es parte, el peritaje tendría que realizarlo un arqueólogo de otra institución.
Amigos poderosos
En al menos tres ocasiones anteriores, particulares habían solicitado la liberación del predio “Casa de Ídolos” al CINAHEM, sin llegar a acuerdos, debido a la importancia de los vestigios y el costo del salvamento, el cual de acuerdo a la ley debe ser cubierto por quien solicita la liberación.
Por eso, pobladores de Valle de Bravo que se oponen a la construcción del centro comercial – y que han promovido una consulta ciudadana— acusan al INAH de otorgar la liberación de los predios por la influencia económica y política de los dueños de Desarrollo de las Monjas.
Alejandro Aboumrad Gabriel preside Grupo Proa, corporativo de Grupo Carso y es suplente de Patrick Slim Domit, hijo del hombre más rico de México. Las familias Slim y Aboumrad no sólo tienen vínculos de negocios, también están emparentadas. Vanessa Slim Domit —hija de Carlos Slim— es esposa de Daniel Hajj Aboumrad.
Por otro lado, Alejandro Martí, el empresario conocido por retar a la clase política mexicana durante la Cumbre de Seguridad Nacional de 2008, es consejero propietario de Grupo Martí —empresa que preside Alfredo Harp Helú, primo de Carlos Slim Helú— e inversionista en la inmobiliaria Infraestructura Institucional (I2).
Aboumrad y Martí constituyeron la empresa Desarrollo de Las Monjas para el primer proyecto, que era un fraccionamiento de condominios, pero el diseño del centro comercial “Patio Valle” está a cargo de Mexico Retail Properties (MRP), una empresa constituida en 2003 y que presiden Jerónimo Marcos Gerard Rivero —hermano de Ana Paula Gerard y cuñado de Carlos Salinas de Gortari— y John A. Blumberg, fundador del fondo de inversión inmobiliaria Black Creek Group, establecido en Denver, Colorado.
Tanto I2 como MRP son filiales de Black Creek Group en México.
MRP desarrolla y opera centros comerciales en México, al estilo Estados Unidos. Las “tiendas anclas”, como denominan a los establecimientos que más atraen clientes, son Bodega Aurrera, Sam’s Club, Walmart de México, The Home Depot, Cinépolis, Cinemex, Office Depot, Sport City, Sportsworld, Liverpool, Sears. En su página web aparecen al menos 43 Patios, Parques, Plazas y Galerías, desarrollados en 21 estados de la República.
El origen fue la presa
La Peña –dice los pobladores de Valle de Bravo— tiene dos caras: la rica y la pobre. En La Peña rica, por la entrada y vista al lago, una de las residencias construías sobre vestigios arqueológicos puede costar millones de pesos. En La Peña pobre, el conflicto entre los dueños de los predios y el INAH por la liberación de los terrenos se ha prolongado más de 30 años.
El origen del problema fue la inundación de la planicie para la construcción de la Presa Valle de Bravo (1947), la cual formó parte del sistema hidroeléctrico Miguel Alemán, ahora sistema hidráulico Cutzamala, que abastece de agua potable a la Ciudad de México y su área metropolitana.
Además de que se estima que la presa dejó bajo el lago una parte del sitio arqueológico, la inundación provocó un problema social y económico para los habitantes de Valle de Bravo, que en su mayoría eran agricultores.
En la década de los 80, el Consejo de Bienes Comunales de Valle de Bravo reclamó el derecho de posesión de los terrenos en La Peña por haber cedido los terrenos ejidales para construir la presa. El INAH señaló que se trataba de un sitio arqueológico y no podía ser ocupado.
En 1984, La Peña quedó inscrita en el Registro Público de Monumentos y Zonas Arqueológicos e Históricos del INAH. Con esto, su conservación es sustentada por la Constitución y, en específico, por la Ley General de Bienes Nacionales y la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos.
Pero eso no detuvo el conflicto. En 1986, Bienes Comunales ganó un juicio de amparo ante el Tribunal Superior Agrario por la propiedad de los terrenos.
En 1992, con la reforma al artículo 27º constitucional —realizada por el entonces presidente Carlos Salinas de Gortari— las tierras ejidales fueron incorporadas al mercado inmobiliario urbano, y los comuneros comenzaron a vender los predios de La Peña para la construcción de casas de descanso, siendo el lago el principal foco de atracción. Sin embargo, para realizar obras en un terreno de una zona arqueológica es necesaria la liberación del INAH.
Con el fallo del amparo inició un periodo de negociaciones y fricciones entre el INAH y los dueños de los terrenos, que finalmente permitieron a los arqueólogos trabajar en sus propiedades, siempre y cuando realizaran la recuperación de los vestigios para que se pudieran liberar los terrenos.
En 1995, el INAH inició el Proyecto de Salvamento Arqueológico La Peña Valle de Bravo, a cargo del arqueólogo Hernández Rivero, y comenzó la liberación masiva de predios. Desde entonces, la devastación del sitio arqueológico fue imparable.
Hernández Rivero concuerda con que la destrucción del sitio de La Peña comenzó con la expropiación de la planicie. Sin embargo, asegura que la urbanización se extendió por una liberación irregular otorgada por el CINAHEM.
“Mi primer dictamen de la zona es de 1985, donde ya digo que hay problemas muy serios en el lugar y que no hay control. El Instituto empezó a mandar oficios al Ayuntamiento de que no podían construir en el lugar. Hubo un problema con la que fue mi jefa en los años 80, porque dio permisos para hacer un desarrollo campestre donde nosotros le llamamos el lado sur de La Peña, el que da hacia el lago. Se llama Sylvia Gutiérrez Vera y eso le costó el empleo, por eso fue despedida. Ella era la arqueóloga que hizo el dictamen y dijo que no había problema y liberó toda la parte que conocemos como La Peña rica… se libera sin hacer ni un sólo pozo de sondeo. Así empezaron las construcciones”, dice el arqueólogo.
El equipo de investigación buscó a Sylvia Gutiérrez, actualmente docente de la Universidad Iberoamericana, para conocer su versión, pero se negó a dar información sobre el periodo en el que fue delegada del centro.
Durante esta investigación se documentaron otras irregularidades que contribuyeron a la devastación del sitio, como errores de los arqueólogos durante los proyectos de rescate y más liberaciones amañadas del CINAHEM.
Uno de los casos en los que el propio municipio tuvo responsabilidad sucedió en 1989, cuando el arqueólogo Óscar Gutiérrez Basante denunció ante el CINAHEM la destrucción de estructuras en el lugar en donde construyeron el centro de salud de la población, sin haber realizado un salvamento o liberación del predio. Ninguna autoridad detuvo la obra.
(Otra) Promesa incumplida de Peña Nieto
En 2005, Valle de Bravo entró al programa federal Pueblos Mágicos, que según la Secretaría de Turismo busca el desarrollo y protección de la riqueza cultural de las comunidades de México.
Uno de los compromisos municipales de Enrique Peña Nieto —actual presidente de México— cuando fue gobernador de 2005 a 2011, fue la conservación de la zona arqueológica de La Peña.
Oficialmente, lo consideraron un compromiso cumplido cuando Peña Nieto inauguró el Museo Arqueológico de Valle de Bravo, en noviembre de 2010, junto con Martha Hilda González Calderón, secretaria de Turismo; Agustín Pliego, director del Instituto Mexiquense de Cultura, y el entonces presidente municipal de Valle de Bravo, Gabriel Olvera Hernández.
Del museo, los pobladores dicen que las piezas que se exhiben en él, ni siquiera son del sitio arqueológico La Peña.
“Este trabajo forma parte del proyecto Pie de Página, realizado por la Red de Periodistas de a Pie. Conoce más del proyecto aquí: http://www.piedepagina.mx”.
