Por Rodrigo Santamaría

 

Una incongruencia, por decirlo menos y de forma educada, representa el aumento en la tarifa del transporte público que fue autorizada en todo Tamaulipas, a excepción de Matamoros, a los concesionarios del transporte público por el gobierno del estado a partir del primer minuto de este jueves 8 de octubre.

 

Los concesionarios solicitaban el incremento aduciendo que con la tarifa la actividad ya no era rentable, que se mantenían en números rojos, argumento poco verosímil porque de tener pérdidas o no tener para el pago de combustible, refacciones, reparaciones o salarios de los choferes, sencillamente los autobuses no se hubiesen movido. La actividad es rentable, por su puesto los aumentos de gasolina y refacciones dejan un menor margen de ganancia.

 

Las preguntas que los usuarios se hacen son ¿por qué pagar más por el mismo servicio deficiente? ¿por qué permitir que incrementen el cobro por unidades que no dan un buen servicio, que distan mucho de la calidad que se requiere? ¿por qué dar un peso más para viajar en unidades que no cumplen los requerimientos de seguridad para los usuarios?

 

Insensible e inexplicable es la decisión de las autoridades de permitir el incremento justo cuando las vaivenes financieros han golpeado la economía familiar y se registra una mayor pérdida del poder adquisitivo, así como por el hecho de que ha habido un incumplimiento evidente de parte de los concesionarios en la sustitución de unidades.

 

Pese a todo el malestar generado por la medida entre la sociedad, la medida entró en vigor y luce muy difícil que pueda ser revertida, pese al costo económico para la población y el político para el gobierno y el partido en el poder, porque seguramente este hecho será utilizado como argumento por más de un candidato en la siguiente campaña electoral para demostrar como el gobierno no se interesa de forma fidedigna por la población y sus problemas.