El gobierno de Donald Trump omitirá los estudios ambientales para reemplazar hasta 22 kilómetros de barrera fronteriza en San Diego, protegiéndose así de demoras que pudieran obstaculizar la construcción.
El Departamento de Seguridad Nacional dijo que emitirá la sexta exención de la presidencia de Trump según una ley de 2005 que otorga al secretario de Seguridad Nacional la autoridad de dispensar revisiones requeridas por las leyes ambientales si se considera que lo hace en aras de la seguridad del país. Esas leyes incluyen la Ley Nacional de Política Ambiental, la Ley de Aire Limpio y la Ley de Especies en Peligro.
La dispensa más reciente, que será publicada en el Registro Federal en una fecha tan próxima como el viernes, allana el camino para que este mes comiencen las obras para remplazar una segunda capa en la barrera de San Diego: una cerca de malla de alambre que funcionaba como una fortaleza cuando fue erigida hace aproximadamente una década, pero que ahora frecuentemente es abierta con sierras portátiles.
El gobierno otorgó un contrato de 101 millones de dólares a SLSCO Ltd. de Galveston, Texas, para que construya una barrera de bolardos de acero de 9 metros de altura, con opciones para añadir 30 millones de dólares.
Las obras comenzarán este mes. La secretaria de Seguridad Nacional, Kirstjen Nielsen, dijo en un aviso público que el sector de la Patrulla Fronteriza en San Diego es “un área de elevados ingresos ilegales”, con más de 38.000 arrestos e incautaciones de más de cuatro toneladas de marihuana y 816 kilogramos de cocaína en el año fiscal 2018.
El de San Diego fue el tercer corredor con mayores cruces ilegales entre los nueve sectores de la Patrulla Fronteriza a lo largo de la frontera con México en 2018, después del Valle del Río Grande en Texas y Tucson, en Arizona. El trabajo para reemplazar la primera capa de la barrera está prácticamente terminado, también de 22 kilómetros de largo y hecho de bolardos de acero de hasta 9 metros (30 pies) de altura.
