Por Noticias Univision
La prioridad del presidente Donald Trump es deportar a los indocumentados que representan una amenaza para la seguridad pública o que fueron procesados por haber cometido un crimen, los que según la Casa Blanca suman cerca de un millón de inmigrantes.
“La prioridad número uno, cuando miras la cantidad total de personas que están en el país de forma ilegal, es asegurarnos de lidiar inmediatamente con aquellos que representan una amenaza para este país. Y no es un grupo pequeño de personas, estamos hablando de casi un millón de personas sobre las cuales fue tomada una decisión y cuyo estatus fue procesado a través de un debido proceso”, fueron las palabras del portavoz de la Casa Blanca, Sean Spicer, en su conferencia diaria del martes.
“El presidente está siendo consistente con su prioridad de garantizar que quienes representan una amenaza para este país sean los primeros en irse”, agregó el portavoz sin profundizar cuando fue consultado sobre los amplios memorandos del secretario de Seguridad Nacional, John Kelly, con las directrices para poner en vigor las órdenes ejecutivas sobre inmigración firmadas por Trump el 25 de enero.
Spicer no precisó si se refería a personas condenadas por haber cometido una falta que realmente puso en riesgo la seguridad estadounidense o si hablaba de un universo más amplio de inmigrantes indocumentados que cometieron un delito migratorio sin arriesgar la seguridad nacional.
Al mirar al detalle las cifras oficiales seguidas por Transactional Records Access Clearinghouse (TRAC) se observa que, en los años fiscales 2007 a lo que va del 2017, los indocumentados a los que se les inició el proceso de deportación al afrontar un cargo por haber amenazado o atentado contra la seguridad nacional representan un ínfimo porcentaje de entre un 0.01% y un 0.03% del total llevado ante los jueces de inmigración por haber cometido un crimen o un delito migratorio.
Lo mismo ocurre cuando se evalúan los procedimientos de deportación iniciados contra un inmigrante indocumentado por haber perpetrado un delito grave: el porcentaje más alto de la pasada década (es decir desde el año fiscal 2007) es de apenas el 5%. A modo de ejemplo, este gráfico desglosa la naturaleza de los procesos de deportación iniciados por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) en el año fiscal 2016.
