NUEVO LAREDO-. Tras permanecer seis años en una fosa común, en 90 días la Fiscalía General de la República (FGR), por fin entregará los cuerpos de dos jóvenes, víctimas de desaparición forzada en Nuevo Laredo. El 18 de febrero del 2018 en la colonia Infonavit de ese municipio, Noe Ignacio Alférez Hernández de 25 años y Jonathan Organista Ballesteros de 17 años, fueron detenidos por elementos de la Unidad de Operaciones Especiales de la Secretaría de Marina, cuando iban en un vehículo.
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Sus cuerpos fueron localizados en abril de ese mismo año, semienterrados a 33 kilómetros de distancia de donde fueron “levantados, en un predio particular en la carretera Nuevo LaredoPiedras Negras a la altura del kilómetro 23. Los restos de Jonathan y Noe Ignacio permanecieron en una fosa común del panteón Municipal II de Nuevo Laredo desde mayo del 2018 cuando fueron sepultados en “calidad de desconocidos” (NN1 y NN2), luego de que un Agente del Ministerio Público de la Fiscalía de Justicia de Tamaulipas no notificara a los familiares su hallazgo y características, cuando fueron encontrados. Durante mucho tiempo, tanto Gregoria Hernández Morales y Maria Natividad Ballesteros Rodríguez, buscaron a sus hijos en hospitales, penales y brechas sin encontrar rastros, hasta seis años después les dijeron que ya los habían localizado. En febrero pasado, peritos de la Fiscalía General de la República (FGR) realizaron la exhumación de los restos de ambos jóvenes para realizar las pruebas genéticas y antropológicas que confirmen su identidad.
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Todo ello, a petición de la Fiscalía Especial de Investigación en Delitos de Desaparición Forzada en donde se integra la carpeta de investigación FED/SDHPDSC/FEIDDF-TAMP/000305/2018. El compromiso es que en 90 días les entregarán los restos de sus hijos, para que puedan darles sepultura en otro panteón, donde tendrán una placa con sus nombres.
El entonces gobernador Francisco Javier García Cabeza de Vaca, solicitó al Secretario de Marina, Vidal Francisco Soberón Sanz, un operativo en Nuevo Laredo, aparentemente para combatir la alta incidencia delictiva en el estado, acordando iniciar operaciones en las fronteras de Matamoros y Nuevo Laredo. La denominada “Operación Laguna”, estuvo a cargo del Almirante Marco Antonio Ortega Siu, Director de la Unidad de Operaciones Especiales (UNOPES), y de los Comandantes Salvador Gerónimo Rodríguez y Alfredo Reyes Mondragón. En ese mismo año se denunciaron 47 desapariciones forzadas de personas, incluyendo menores de edad en el municipio de Nuevo Laredo y pese a que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió en julio del 2020 la Recomendación 36VG/2020 dirigida al secretario de la Marina, al Fiscal General de la República, y al gobernador de Tamaulipas, solamente reconociendo a 27 de las 47 víctimas de los marinos.
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Por estas desapariciones fueron detenidos 30 marinos, 18 fueron vinculados a proceso por otras desapariciones, 12 de los cuales ya fueron liberados con amparo, incluyendo a Alfredo Reyes Mondragón, a cargo del operativo.
A cuatro años de dicha recomendación, ninguna de las familias de las 27 víctimas ha recibido la reparación integral del daño por parte de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV). “Mientras que la Fiscalía General de la República (FGR) ha sido omisa y negligente para localizar a más de 24 víctimas y otras 15 que fueron ejecutadas extrajudicialmente por los marinos sus casos siguen en la absoluta impunidad”, señala el Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo.
