Por El Mundo
Cinco minutos tardó el gobernador de Texas, Greg Abott, en explicar a través de Facebook Live este domingo porqué iba a firmar la ley que prohíbe las ciudades santuario en el estado; un término que se utiliza para designar a aquellas localidades que no cooperan con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en la localización y detención de inmigrantes indocumentados.
El objetivo, dijo Abott antes de estampar su rúbrica en el documento, es “mantener a los ciudadanos seguros y esto es, exactamente, lo que vamos a hacer firmando esta ley”. Conocida como SB4, la legislación penaliza a los agentes e instituciones que no colaboren con el ICE con posibles multas -entre 1.000 y 25.000 dólares-, despidos y cárcel.La nueva ley autoriza además a los policías a preguntar el estatus migratorio de una persona detenida, ya sea por un crimen como por un delito menor. Léase, saltarse un semáforo o cruzar una calle por donde no está permitido. Esta disposición de “papeles, por favor” es uno de los elementos más controvertidos de la iniciativa texana porque abre la puerta a la discriminación e indefensión de los inmigrantes indocumentados.
El presidente del Comité Nacional Demócrata, Tom Pérez, calificó la ley aprobada en el estado por “inconstitucional”. Según el ex secretario de Trabajo en la Administración Obama, esta legislación “dejará a los texanos menos seguros. Debemos levantarnos, manifestar oposición y luchar por los derechos de los más vulnerables”.En opinión del líder de los demócratas, esta norma legaliza que se realicen perfiles raciales. “Es inadmisible que en 2017 seamos testigos de una discriminación descarada en contra de las familias inmigrantes que no hacen más que trabajar duro para lograr una mejor vida”, señaló Pérez en un comunicado recogido por la Agencia EFE.
Las críticas a esta ley también se han escuchado en otros frentes sociales, religiosos e incluso policiales. Varios jefes de policía de las principales ciudades del estado como Dallas, Austin, San Antonio, Fort Worth y Arlington publicaron una carta abierta en el Dallas News contra la SB4 a finales de abril. En ella señalaban que iniciativas como ésta empujan a la policía local a asumir un papel más activo en la aplicación de las leyes migratorias y esto “tensará más aún la relación entre la policía y la comunidad”.
En la carta, los firmantes reconocen que los inmigrantes legales “empiezan a evitar contactar con la policía por temor a que ellos mismos, miembros de su familia indocumentados o amigos puedan estar sujetos a la aplicación de la ley de inmigración”. Esto da lugar a la aparición de una clase de “víctimas silenciosas”, añaden los jefes de policía.Texas es el segundo estado más poblado de Estados Unidos, -después de California-, con una población de 27,8 millones de habitantes, según los datos de la Oficina del Censo a julio de 2016; casi el 40% de la población era de origen latino. Las estimaciones apuntan que en el estado residen más de un millón y medio de inmigrantes indocumentados, aunque las cifras son difíciles de verificar.
Durante la firma de la iniciativa legislativa, que llegó a la mesa del gobernador el pasado 4 de mayo, Abott criticó la inmigración ilegal y advirtió que las consecuencias pueden ser “mortales”. Como ejemplo, recordó la muerte de Kate Steinle en julio de 2015 en San Francisco (California); la joven fue asesinada presuntamente por un inmigrante mexicano que había sido deportado en cinco ocasiones. Un caso que también recordó en varias ocasiones durante la campaña electoral el presidente Donald Trump.
Con cierto aire de profesor -explicando a la audiencia cómo era el proceso legislativo y qué se hacía en ese despacho-, Abbot subrayó que las ‘ciudades santuario’ no serán toleradas en Texas antes de estampar su rúbrica.Días después de llegar a la Casa Blanca, Trump firmó una orden ejecutiva sobre inmigración y seguridad en las fronteras, incluyendo su batalla contra las ciudades santuario. A finales de abril, un juez federal de San Francisco bloqueó una parte de la orden ejecutiva del presidente que tenía por objetivo recortar los fondos federales a las ‘ciudades santuario’.
