Por Andrea Santa María
La Secretaria Ejecutiva de la Comisión Intersecretarial de Bioseguridad de los Organismos Genéticamente Modificados (CIBIOGEM), Sol Ortiz García, declaró que en la zona fronteriza del país existe una menor resistencia por parte de los agricultores a utilizar cultivos genéticamente modificados debido a la exposición que se tiene a los métodos de producción estadounidenses, en donde se hace uso de ellos desde “hace muchos años”, a diferencia de los estados del sur y centro de la República.
Informó que, aunque en México el 100% de la producción de algodón es genéticamente modificada, así como un porcentaje importante de los cultivos de soya, además de liberaciones a nivel experimental en lo referente a las cosechas de trigo, existen limitaciones legales para el desarrollo de este tipo de tecnologías en el país como en el caso del maíz, sobre el que existe una demanda colectiva desde 2013 de derecho difuso bajo el reclamo de que con el uso de este tipo de semillas “se pueden ver afectados los derechos de una alimentación sana, un medio ambiente sano y el derecho a uso de variedades nativas” por quienes la interpusieron ante el Segundo Juez de Distrito.
En este sentido, comentó que, desde su perspectiva y con base en las investigaciones que han realizado al respecto, “si se usan adecuadamente no tendría por qué haber efectos adversos ni para la salud, ni para el medio ambiente, ni para razas y variedades”, sino más bien una disminución en los costos de producción y mayor ganancia al reducir el uso de insumos como insecticidas o herbicidas no selectivos, los cuales son de un precio considerable.
Aseguró que en Tamaulipas “se está sembrando semilla genéticamente modificada desde hace tiempo”, pero que los productores se han enfrentado a la problemática de falta de oferta para nuevas variedades, subrayando que “todos los cultivos que se comercializan en México tienen que pasar por una evaluación de inocuidad que desarrolla la COFEPRIS, haciendo estudios de alergenicidad y toxicidad”, además de atender a los posibles efectos al medio ambiente con evaluaciones por parte de la Secretaria de Agricultura y la Secretaria del medio ambiente”, por lo cual “los que son autorizados son tan seguros como los convencionales”.
“El futuro de los cultivos transgénicos aún es incierto, habrá que esperar a ver qué definen los jueces llevando la evidencia científica y, con base en estas resoluciones, ver si hay la posibilidad de que, como establece la Ley de Bioseguridad, cumpliendo todos los mecanismos se pueda hacer uso de la tecnología en México en las zonas donde se permita”.
