Con una inversión histórica de más de 17 mil millones de pesos y sin un solo peso de subejercicio, el gobierno de Tamaulipas consolida tres años de resultados en obra pública, así lo destacó, Pedro Cepeda, secretario de Obras Públicas del estado, al señalar el compromiso de la administración con el desarrollo, transformación y modernización del estado.
Explicó que para evitar regreso de recursos económicos. “Trabajamos a marchas forzadas para utilizar y aprovechar todos los recursos y no tener que regresarlos”.
Señaló que la obra más emblemática de esta administración hasta hoy, es la carretera Mante-Ocampo-Tula, la planta potabilizadora, la ciudad judicial, la segunda línea del acueducto, y la Planta Internacional de Tratamiento de Aguas Residuales en Tamaulipas, entre otras.
“La obra está presente del norte al sur del estado, tan solo en el centro de la entidad en Ciudad Victoria está la ciudad judicial, los bulevares entre otras más”, detalló .
Para el próximo año se inyectarán otros cuatro mil millones de pesos, más 500 millones en los bulevares de Ciudad Victoria. con lo que la ciudad se moderniza y se hace más fluido el tránsito. Además, “vamos por la última etapa de la planta potalizadora y terminar la ciudad judicial”.
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“Para mantener carreteras de calidad se requiere una inversión anual de 1,500 millones de pesos y se han estado disponiendo de 300 millones de pesos para mantenimiento en zonas como Valle Hermoso, San Fernando, Méndez, Cruillas, entre otras más”, explicó.
“Ahorita vamos bien, estamos con los caminos rurales con una inversión de 800 millones de pesos, buscamos que las carreteras estén en óptimas condiciones para su uso”, señaló
Aseguró que el gobierno federal va inyectar en las carreteras federales en el estado, en el Corredor del Golfo de 7,500 a 8,000 mil millones de pesos anuales, durante los próximos cinco años.
Mientras que se siguen realizando reuniones con el gobierno federal para lograr concretar el nuevo penal afuera de la ciudad, obra que requiere una inversión de tres mil millones de pesos si solo se alberga a personas privadas de la libertad (PPLs) del estado y mil millones de pesos más, si entran los internos de delitos federales.
Por “Milenio”
