La Suprema Corte de Justicia de la Nación, invalidó totalmente el decreto 66-1146 del Congreso del estado de Tamaulipas que modificaba normas electorales dentro del periodo de restricción constitucional.
La reforma impedía acceder a candidaturas municipales a personas vinculadas a proceso bajo prisión preventiva o condenadas por delitos dolosos.
El Pleno de la Corte dejó sin efectos el Decreto, no por considerar inconstitucionales esas restricciones, sino porque fueron aprobadas y publicadas fuera del plazo permitido para modificar reglas electorales.
La Suprema Corte declaró la invalidez total del Decreto mediante el cual se reformaron y adicionaron diversas disposiciones del Código Municipal de la entidad, relacionadas con los requisitos para integrar ayuntamientos y las causas de suspensión o revocación del cargo de sus integrantes.
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Dicho decreto, publicado el 1 de julio de 2026, establecía, entre otras medidas, que una persona no podía integrar un ayuntamiento si estaba sujeta a proceso penal por un delito doloso, contaba con auto de vinculación a proceso o se le había impuesto la medida cautelar de prisión preventiva. También contemplaba esos supuestos como causa de suspensión o revocación del cargo de quienes integraran dichos órganos de gobierno.
Tras dar el fallo, el Máximo Tribunal determinó que las normas sí tenían naturaleza electoral, pues regulaban requisitos de elegibilidad para integrar y permanecer en cargos de elección popular.
El Pleno explicó que el carácter electoral de una norma no depende de que esté incluida en una ley electoral, sino de su contenido material y de, si incide directa o indirectamente en los procesos electorales o en el ejercicio de los derechos políticos-electorales.
Por “Milenio”
