La presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán, informó que venció el plazo para ratificar la solicitud de juicio político promovida por legisladores morenistas contra la gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos Galván, por lo que el procedimiento quedó sin efecto.
La legisladora señaló que los promoventes, diputados locales de Chihuahua, contaban con tres días para ratificar la petición presentada ante la Cámara de Diputados, requisito que no fue cumplido.
“No existe ya, en términos formales, una solicitud de juicio político en contra de la gobernadora Maru Campos. Una vez que no se ha ratificado no se tiene por presentada la solicitud”, afirmó López Rabadán en declaraciones a medios de comunicación en Chihuahua.
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López Rabadán consideró que lo ocurrido es un ejemplo de que siempre será bueno estar del lado correcto de la historia y de la ley. En ese sentido, afirmó que existe un dilema entre acompañar a quienes quieren un país secuestrado por el narco y ponerse de acuerdo con los cárteles y quienes quieren desmantelar narcolaboratorios y exigir que el crimen organizado no se meta en las elecciones.
“En este dilema, estoy segura que millones de mexicanos queremos estar del lado correcto, del lado de la ley y de las familias en Chihuahua y en todo México”, expresó.
La resolución ocurre en medio de la confrontación política entre Campos y el gobierno federal, derivada de la investigación abierta por la Fiscalía General de la República (FGR) sobre la presencia de agentes estadounidenses en un operativo antidrogas realizado en Chihuahua a mediados de abril.
La gobernadora acudió la semana pasada a las instalaciones de la FGR tras ser citada en calidad de testigo dentro de esa indagatoria. Sin embargo, presentó un escrito en el que rechazó rendir entrevista ante el Ministerio Público al considerar que el citatorio era “ambiguo”, “internamente incongruente” y carecía de fundamentación suficiente.
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En el documento entregado a la autoridad ministerial, Campos señaló: “No comparezco para rendir entrevista en calidad de testigo ni para sujetarme a acto de investigación alguno”, aunque manifestó disposición para responder solicitudes formales de información dirigidas al gobierno estatal.
Posteriormente, la FGR informó que la mandataria “solamente entregó un escrito en el que manifiesta su indisposición para aportar información”. El vocero de la institución, Ulises Lara, sostuvo que la inmunidad procesal de la que gozan los gobernadores no impide que puedan proporcionar información para el esclarecimiento de los hechos investigados.
La investigación se relaciona con el operativo para desmantelar un narcolaboratorio realizado en Chihuahua en abril, tras el que murieron dos agentes de la CIA en un accidente automovilístico y otros dos fueron regresados a Estados Unidos, lo que generó cuestionamientos sobre la participación de personal extranjero sin autorización del gobierno federal.
Por Aristegui Noticias
