El Universal
MÉXICO, D.F.- La investigación de la Procuraduría General de la República (PGR) que concluyó que los 43 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa fueron muertos e incinerados en el basurero de Cocula, Guerrero, se ha resquebrajado a lo largo de este año.
Un cuestionado incendio, cámaras sin funcionar, patrullas con números de identificación alterados y casquillos sembrados son algunas de las deficiencias que han hecho que la llamada “verdad histórica” del ex procurador Jesús Murillo Karam esté en entredicho.
Se hace un recuento de la versión pública de la averiguación previa, a la que tuvo acceso en primicia debido a que una petición de este medio obligó a la PGR a desclasificarla.
Con base en este documento, que se puso a disposición de la ciudadanía en su sitio web, se pueden constatar distintos estudios que la autoridad pretendió utilizar como pruebas de la indagatoria, pero que resultaron fallidas o insuficientes.
Destaca el peritaje al Centro de Control, Comando, Comunicación y Cómputo (C4) de Iguala, que arrojó irregularidades: De las 25 cámaras registradas, 19 estaban desactivadas, sólo cuatro funcionaban y dos ni siquiera fueron registradas; los archivos se eliminaron y a tres patrullas les cambiaron los números de identificación para que no se reconociera a los policías involucrados en la agresión.
La primera apertura del expediente se realizó el 24 de septiembre pasado. Se pudo documentar que la PGR tuvo conocimiento de que la madrugada del 27 de septiembre de 2014 hubo lluvias moderadas y constantes en Iguala y Cocula, y se consignó que el Equipo Argentino de Antropología Forense acusó que 41 casquillos fueron sembrados en el basurero.
