La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno de Tamaulipas abrió procedimientos administrativos contra dos empresas constructoras por presuntas irregularidades en contratos de obra pública financiados con recursos del Fondo de Infraestructura Social para las Entidades (FISE), programa federal destinado a reducir rezagos en zonas de pobreza.
Las investigaciones derivan de observaciones realizadas por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) durante la fiscalización de la cuenta pública 2024. Como resultado de esa revisión, la autoridad estatal inició expedientes contra las empresas Asfaltos y Agregados del Norte y Tubored Industrial por posibles infracciones a la Ley de Obras Públicas.
Aunque los procedimientos corresponden a contratos distintos, ambos tienen origen en la auditoría número 1869 del FISE, mediante la cual la ASF revisó el manejo de dineros etiquetados para obras de infraestructura social, por lo que las observaciones se relacionan con proyectos financiados con fondos orientados a atender necesidades básicas de la población.
De acuerdo con los edictos publicados en el Periódico Oficial del Estado, la Secretaría Anticorrupción ordenó emplazar a ambas compañías debido a que no fue posible localizarlas en los domicilios registrados para efectos legales. Este procedimiento se utiliza cuando se desconoce el paradero de una persona física o moral involucrada en una investigación administrativa.
Por lo tanto, las empresas cuentan con un plazo de 60 días para comparecer ante la autoridad, presentar su contestación, ofrecer pruebas y ejercer su derecho de defensa. En caso contrario, los procedimientos continuarán en rebeldía y las notificaciones subsecuentes se realizarán mediante estrados.
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En el caso de Tubored Industrial, la investigación quedó registrada bajo el expediente SABG-PI-SOP/001/2025 y se relaciona con el contrato SOP-IE-AP-222-24-P, derivado de la licitación pública LPE-N040-2024. Entre la documentación integrada se encuentran el informe individual de auditoría emitido por la ASF, el contrato de obra, actas administrativas de auditoría y una verificación física realizada durante 2025.
Por su parte, el procedimiento contra Asfaltos y Agregados del Norte quedó asentado en el expediente SABG-PI-SOP/003/2025 y está vinculado con el contrato SOP-IE-EP-279-24-P, correspondiente a la licitación pública LPE-N048-2024. Al igual que en el caso anterior, la denuncia se sustenta en información derivada de la auditoría federal y en actuaciones de revisión efectuadas por las autoridades.
Los expedientes fueron iniciados por la Dirección General de Control, Auditoría y Responsabilidades de la Secretaría Anticorrupción, después de recibir los informes individuales de auditoría remitidos por la ASF.
El Fondo de Infraestructura Social para las Entidades es uno de los principales mecanismos federales para financiar obras de agua potable, drenaje, urbanización e infraestructura básica en beneficio de población en situación de pobreza.
Los edictos no detallan cuáles fueron las observaciones específicas formuladas a cada contrato ni el monto de las posibles irregularidades detectadas. Sin embargo, señalan que existen elementos suficientes para iniciar procedimientos por presuntas infracciones a la legislación estatal en materia de obra pública.
En caso de acreditarse responsabilidades, las empresas podrían enfrentar las sanciones previstas en la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Tamaulipas, entre ellas multas económicas, restricciones para contratar con el gobierno e incluso la inhabilitación para participar en futuros proyectos públicos.
Por “Milenio”
