La mandataria no está acusada de actos de corrupción, pero sí de violar las normas fiscales y “maquillar” los déficits presupuestales de 2014 y 2015, para dar la impresión de que todo estaba bien y ganar votos antes de su campaña de reelección de 2014
FUENTE EXCELSIOR
A menos que ocurra algo extraordinario, la era de Dilma Rousseff como presidenta de Brasil se acerca a su fin en medio de un escándalo que para algunos representa un momento definitorio para la democracia brasileña.
Algunos analistas creen que es un reflejo de lo bajo que ha caído el sistema político brasileño y para otros, el inicio de un problemático periodo en el que un régimen desacreditado puede ser sustituido por un gobierno con problemas de credibilidad propios.
Pero nadie, si acaso, cree que la presidenta Rousseff podrá defenderse con éxito de lo que ella califica como “golpe de Estado”.
Rousseff, que en su juventud fue guerrillera, enfrenta la que tal vez sea la más difícil de sus batallas: defender su cargo y de hecho su Presidencia, luego de que hace una semana la Cámara de Diputados avaló que sea sometida a juicio político.
El impeachment busca enterrar la era dominante del Partido de los Trabajadores que inició su mentor Luiz Inácio Lula da Silva. Ahora todo está en manos del Senado.
“Es un golpe institucional”, afirmó Maria Velez, presidente de la empresa Latin American Intelligence Corporation, para quien “aquellos que ahora celebran deberían reconocer que la suya es una victoria pírrica, con las instituciones y el electorado brasileños como los perdedores últimos”.
Si es un golpe de Estado o un juicio político, es una situación difícil de cualquier manera. Sobre todo para una mujer que un año después de asumir la Presidencia de la mayor economía de América Latina (2011), era designada por la revista Forbes como la tercera mujer más poderosa del mundo, sólo detrás de la canciller alemana, Angela Merkel, y la entonces secretaria de Estado estadunidense, Hillary Rodham Clinton.
En todo caso, la desafiante mirada que se refleja en una fotografía en la que se ve a Rousseff ante un tribunal militar durante la dictadura (1964-85) se mantiene intacta 45 años después, aún mientras los tentáculos de la crisis parecen asfixiarla. Sus simpatizantes afirman que esa actitud es de determinación; sus críticos, de arrogancia.
La “Dama de Hierro” brasileña, de 68 años, fue la primera mujer Presidenta de Brasil en 2011, cuatro décadas después de aquellos días oscuros de 1970 en los que fue apresada y torturada.
La mandataria no está acusada de actos de corrupción, pero sí de violar las normas fiscales y “maquillar” los déficits presupuestales de 2014 y 2015, para dar la impresión de que todo estaba bien y ganar votos antes de su campaña de reelección de 2014.
Rousseff, quien vive la peor situación que puede enfrentar un jefe de Estado, niega haber cometido delito alguno y asegura que no hizo nada que no hicieran gobiernos anteriores. Además afirma que no se le acusa de un delito, lo cual debería ser la base de un juicio político.
De acuerdo con Gilberto M.A. Rodrigues, profesor de Relaciones Internacionales en la Universidad Federal de ABC, el juicio no tiene sentido desde una perspectiva puramente legal. “Es una inmoral maniobra política”, afirmó.
Puede tener razón, pero al mismo tiempo Rousseff, considerada como una tecnócrata, “fue políticamente inepta al manejar la tormenta perfecta del escándalo de corrupción en Petrobras, una baja en la demanda china de exportaciones de materias primas brasileñas, el estancamiento económico global, el desempleo consecuente y las frustradas esperanzas de continuo crecimiento así como las maquinaciones de adeptos operativos, veteranos en el sangriento deporte de la política brasileña”, dijo Velez.
Los cálculos le han salido mal a la Presidenta. Era en la Cámara de Diputados donde más probabilidades tenía de detener el impeachment, debido a que se necesitaban dos tercios de los 513 miembros, es decir, 342 sufragios para aprobar su juicio, pero la votación superó por 25 los necesarios.
Los votos a favor y en contra de la Presidenta tienen un punto en común: la infidelidad de sus “aliados”, incluso de algunos que pasaron la tarde del sábado en la residencia presidencial en una suerte de respaldo a Rousseff, y el domingo, micrófono en mano, votaron por su enjuiciamiento.
“Hay en la Cámara 102 diputados afiliados a partidos de la oposición”, señaló el analista del portal de noticias UOL, Josías de Souza, lo que permite calcular el tamaño de la infidelidad que pautó la votación del pasado domingo.
Irremediablemente la presidenta Rousseff se convirtió en el chivo expiatorio de la clase política brasileña, con la idea de que su salida puede solucionar todos los males que aquejan a ese país.
