La revocación de mandato del presidente Andrés Manuel López Obrador ha profundizado el encono entre su Gobierno y el órgano autónomo encargado de los procesos electorales, el Instituto Nacional Electoral (INE).
Una medida insólita, para la cual se tuvo que modificar la Constitución en 2019, que busca preguntar a la ciudadanía si desean que el presidente continúe en su cargo hasta el final, en 2024.
La organización de esta consulta ciudadana, que implica un despliegue de casillas a nivel nacional similar al de una elección presidencial, además de otros requisitos como la recolecta de casi 3 millones de firmas, está a cargo del INE.
Y la Cámara de Diputados está a punto de recortarle el presupuesto en más de lo solicitado por la institución para llevar a cabo la tarea, denuncia el organismo. La última batalla entre el Gobierno y el INE acaba de comenzar.
El consejero del INE, Ciro Murayama, resume la última batalla en tres actos. Primero, el Congreso aprueba la revocación de mandato, que debe de organizarse de cara al año que viene, según las intenciones del Ejecutivo —y que, de salir positiva la respuesta, servirá para relanzar su Gobierno—.
El segundo, que está a punto de concretarse, se acuerda un recorte presupuestal en la Cámara que es de 1.000 millones de pesos menos de lo solicitado por el INE para llevar a cabo uno de los ejercicios democráticos más importantes e insólitos en 2022.
Y el tercero, denuncia Murayama: “Te acuso de ineficiente, de negarte a organizar la consulta”. Según Murayama, que suscriben muchos de los consejeros, este es el guion para “atacar la autonomía e independencia del INE”. Y la estrategia, denuncia el consejero, va más allá: “Se busca desmantelar el órgano de cara a las presidenciales de 2024″.
La propuesta de revocación de mandato la anunció el presidente desde su llegada al poder en 2018. La idea inicial consistió en una declaración de intenciones de López Obrador frente a sus antecesores en el cargo.
El proyecto de la Cuarta Transformación se vería sometido a una revisión ciudadana a mitad de su sexenio que forzaría a elegir de nuevo a un presidente ya electo o, por el contrario, a retirarlo de manera inminente del puesto y obligar al Congreso a elegir a un sustituto interino.
Una herramienta que el presidente anunció como un acto inédito de rendición de cuentas y de democracia participativa.
Tras un intenso debate político en 2019 y una reforma constitucional, se concretó que la medida debía regirse bajo los mismos criterios de una consulta popular, organizada desde la ciudadanía y no desde el Ejecutivo.
