La Corte Suprema de Estados Unidos anuló el decreto del presidente Donald Trump que limitaba la ciudadanía por nacimiento el martes, con lo que ratificaron el principio perenne de que la Constitución garantiza que casi todos los niños nacidos en territorio estadounidense son ciudadanos.
La sentencia, con una votación de 6 a 3, asesta un duro golpe a una medida que Trump llevaba tiempo defendiendo para evitar que los bebés nacidos de migrantes indocumentados y residentes extranjeros temporales se convirtieran automáticamente en estadounidenses.
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El presidente de la Corte Suprema, John G. Roberts Jr., en nombre de la mayoría, explicó que la orden ejecutiva de Trump violaba la Decimocuarta Enmienda de la Constitución. Los niños nacidos en Estados Unidos de padres indocumentados o de padres que se encuentran temporalmente en el país, escribió, son ciudadanos desde su nacimiento.
“La ciudadanía, tanto entonces como ahora, era el derecho a tener derechos: a participar libremente en nuestra comunidad política”, escribió Roberts, el presidente de la Corte. “Quienes escribieron la Decimocuarta Enmienda extendieron esa promesa a ‘toda persona nacida libre en esta tierra’”.
Añadió: “Hoy mantenemos esa promesa”.
La batalla legal sobre la ciudadanía por nacimiento empezó el primer día del segundo mandato de Trump, cuando anunció una orden ejecutiva titulada “Proteger el significado y el valor de la ciudadanía estadounidense”.
En la orden, declaró que la ciudadanía ya no se concedería automáticamente a los bebés nacidos en territorio estadounidense. En concreto, los hijos de migrantes que hubieran entrado en el país de manera ilegal ya no serían ciudadanos, ni tampoco aquellos cuyos padres se encontraran en el país de manera legal pero temporal, como los que tienen visados de estudiante, de trabajo o de turista.
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La orden del presidente se enfrentó de inmediato a impugnaciones legales, ya que organizaciones de derechos civiles, grupos de defensa de los migrantes y futuros padres presentaron demandas y lograron, ante los tribunales, bloquear la orden mientras se resolvían los procesos judiciales.
Nunca entró en vigor, y había pocos indicios de que el gobierno hubiera estado preparando la reestructuración drástica del sistema de ciudadanía que habría sido necesaria de haberse permitido su aplicación.
Por The New York Times
