Pruebas de ADN de víctimas de Tlahuelilpan tardarán hasta 6 meses

No es que las horas sean más largas, pero para Luciana Cerón Pedraza parece que el tiempo se detiene cuando llega la tarde. Sabe que su hijo se equivocó cuando intentó robar gasolina de la toma clandestina de Tlahuelilpan, Hidalgo; no obstante, a un mes de la explosión, sigue esperando que Germán regresar del trabajo y le pida de cenar.

“No encuentro a mi hijo, se llama Germán López Cerón y tiene 20 años”, explica Lucía, cuya vida cambió la noche del pasado 18 de enero: “Se me ha hecho un mes largo, los días parece que tienen cada vez más horas”.

Esa angustia, que comparte con su esposo y su otro hijo, terminará cuando tenga alguna certeza sobre lo qué paso con Germán: “Vamos a estar tranquilos hasta que nos digan algo de él, que nos digan de una vez qué va a pasar.

“Cuando vamos con el forense nos dice que tenemos que esperar, que las pruebas de ADN van a durar de cuatro a seis meses”.

En ese sentido, si los primeros 30 días luego de la explosión han sido difíciles para Luciana, la espera que le pide el forense parece tortuosa: “Creo que ellos tienen los medios para traer médicos y apurarse. Los días y las noches se me hacen cada vez más largas, por lo menos que nos digan: ‘aquí está su hijo’, aunque sea una parte, porque no sabemos si nos van a entregar un cuerpo”.

Hasta el día de hoy, la cifra de muertos por la explosión de la toma clandestina es de 130, pero la de desaparecidos oscila entre 60 y 80. Hay que tomar en cuenta que los reportes tanto de la Secretaría de Seguridad Pública como los de Protección Civil dicen que el día del incendio había unas 800 personas robando gasolina.

Sobre el ofrecimiento del gobierno de 15 mil pesos de indemnización para los afectados, Luciana dice que no es un consuelo: “Yo no estoy buscando una indemnización. Como le dije a la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, lo único que aceptaré son los gastos funerarios, porque desgraciadamente nos agarró desprevenidos”.

Lo que sí exige es, primero, certeza de qué pasó con algunos de los cuerpos que “se lo llevaron en camionetas” y, segundo, una fecha límite para recibir información sobre sus familiares.