El Gobierno del Estado envió al Congreso local la iniciativa de Ley en Materia de Desaparición y Búsqueda de Personas que busca mejorar la atención a víctimas y familias y acelerar la localización de desaparecidos.
La propuesta crea nuevos sistemas y registros estatales, y busca la modernización de herramientas forenses y operativas para la búsqueda e identificación de personas desaparecidas.
Uno de los componentes principales es la creación del Sistema Estatal de Búsqueda, un mecanismo que obliga a instituciones estatales y municipales a colaborar de manera permanente en acciones de búsqueda, intercambio de información, atención a víctimas y ejecución de estrategias. Junto con ello, la iniciativa establece la conformación de registros estatales homologados, entre ellos el Registro de Personas Desaparecidas y No Localizadas, y el Registro de Personas Fallecidas No Identificadas y No Reclamadas.
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El Registro Estatal, según la propuesta, será una herramienta de consulta pública administrada por la Comisión Estatal de Búsqueda, integrada con información enviada por todas las autoridades del Estado y con buzones para recibir datos de la ciudadanía.
Este registro deberá actualizarse en tiempo real, estar interconectado con el Registro Nacional y contener información detallada de cada caso, desde la denuncia inicial hasta la actualización del estatus de la persona localizada. También se establece la prohibición expresa de negar la recepción de una denuncia de desaparición y el uso exclusivo de los datos recabados para fines de búsqueda, localización e identificación.
La iniciativa también contempla la creación del Banco Estatal de Datos Forenses, que concentrará información genética, pericial y médico-forense para facilitar cruces de datos a nivel estatal y nacional.
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Este banco deberá estar interconectado con sus equivalentes federal y municipal, y su operación será coordinada por la Fiscalía Estatal, que además emitirá los lineamientos para la homologación de la información y garantizará la capacitación permanente del personal especializado.
Las muestras biológicas sólo podrán obtenerse con consentimiento informado y serán utilizadas exclusivamente para la búsqueda e identificación de personas desaparecidas.
Asimismo, se propone la creación del Centro Estatal de Identificación Humana, adscrito a la Comisión Estatal de Búsqueda. Este centro tendrá competencia en todo el territorio estatal y será responsable del resguardo, procesamiento e intercambio de información para fortalecer los procesos de identificación, enviando los resultados a las autoridades competentes y comunicándolos a las familias de manera oportuna.
La iniciativa incorpora también obligaciones para particulares, como hospitales, terminales de transporte, albergues, clínicas, centros de rehabilitación y centros de reclusión, que deberán permitir la consulta de sus bases de datos a las autoridades encargadas de la búsqueda y la investigación. De igual manera, establece la creación de una Plataforma Única de Identidad y una ficha única de búsqueda de aplicación estatal y federal.
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La propuesta incluye un capítulo especial para la búsqueda de personas menores de 18 años, con medidas específicas para este grupo, así como disposiciones para la atención, reparación, protección y participación de las víctimas y sus familias. También establece criterios y reglas para jueces en los procedimientos de declaración de ausencia, con el fin de garantizar seguridad jurídica y acceso a derechos.
La exposición de motivos enfatiza que la desaparición forzada es un delito de alto impacto y una grave violación a los derechos humanos, reconocido incluso como crimen de lesa humanidad por instrumentos internacionales como la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, ratificada por México. Por ello, sostiene que Tamaulipas requiere una ley análoga que permita a sus autoridades actuar con atribuciones amplias y coordinadas dentro del Sistema Nacional de Búsqueda.
Finalmente, la iniciativa incorpora acciones orientadas a la prevención de estos delitos, incluyendo programas de capacitación para instituciones públicas en materia de derechos humanos, investigación, atención a víctimas y protocolos homologados de búsqueda.
Según el documento, el objetivo es consolidar una estructura estatal más robusta, articulada y eficiente que garantice el derecho de todas las personas a ser buscadas y encontradas.
Por Expreso / La Razón
