Políticos y Violencia
David Brondo

La imagen es patética: la madrugada del martes 29 de junio, el gobernador michoacano Silvano Aureoles espera, sentado afuera de Palacio Nacional, una audiencia con Andrés Manuel López Obrador. 

Puertas adentro, el jefe del Ejecutivo confirma en la mañanera que no lo recibirá por una razón: “Entiendo que viene aquí porque quiere aprovechar (la conferencia matutina), y no es poca cosa la mañanera”. Explica que no le corresponde atender los asuntos que pretende plantearle Aureoles porque son temas relacionados con los comicios y son competencia del INE y el Tribunal Electoral.

 “Hay que respetar la investidura presidencial”, enfatiza.

Con una carpeta en los brazos, Aureoles dice que ha buscado al Presidente para entregarle información, pruebas muy delicadas, que vinculan a los cárteles del narcotráfico con Morena y sus candidatos en el convulsionado estado de Michoacán.

No se trata de un tema electoral, argumenta, sino de un asunto de seguridad nacional: “Es información muy delicada, de mucho riesgo, entonces tengo que entregársela a él en mano”. Pasadas tres horas, se convence de que AMLO no lo va a recibir y se va.

Ambos nos regalan esta postal en plena crisis de seguridad en Reynosa, cuando grupos criminales gatilleros salieron a las calles a “cazar” personas inocentes. El pasado 21 de junio, el periodista Joaquín López Dóriga entrevista para Tele Fórmula a la alcaldesa Maki Ortiz sobre los acontecimientos inenarrables que dejaron 19 personas muertas.

Ella no sabe gran cosa de los hechos, como queda patente en sus respuestas al periodista. Lamenta el deceso de enfermeros, albañiles, taxistas, conductores, trabajadores de maquiladoras, comerciantes, y dice tener información de que 15 personas no vinculadas al crimen organizado y cuatro criminales murieron en un enfrentamiento entre dos grupos armados.

Ortiz no sabe exactamente qué pasó. El entrevistador le asegura tener información oficial de que los comandos armados el 19 de junio simplemente salieron a acribillar gente en las calles. La alcaldesa no se inmuta: “Eso es los que queremos que se esclarezca”. 

A 48 horas de los hechos, la alcaldesa panista aún ignora las causas y quiere que alguien le explique qué está pasando.

— ¿Cómo puede ser esto (la masacre)? ¿Cómo puede ser? —pregunta López Dóriga.

Y Maki  responde como cualquier hija de vecina, no como la principal autoridad de su ciudad que, se presume, debiera ser:

— Eso nos preguntamos todos los ciudadanos, don Joaquín, cómo puede ser que vivamos en una ciudad en donde estemos en tal riesgo que salir a trabajar pueda causarnos la muerte. Ojalá que estas fuerzas de seguridad, a las que nosotros les pedimos, les suplicamos, esclarezcan (ya los hechos); que las instituciones de inteligencia descubran qué es lo que puede pasar.

Pide, suplica información sobre la violencia desatada en el lugar donde gobierna. Se asume como una ciudadana y no le queda claro que es la presidenta municipal de la ciudad.

Se entiende que la crisis de seguridad rebasa a la alcaldía, que el gobierno de Reynosa no tiene en sus manos el aparato de seguridad ni la responsabilidad para enfrentar al crimen organizado, pero lo que no se entiende es la indolencia y la falta de liderazgo de la señora.

Se esperaba otra actitud de Ortiz en la ola de inseguridad. Reconoce el asesinato de 15 inocentes y el terror sembrado por comandos armados, pero acepta cándidamente su desconocimiento de todo: “Sobre todo que no sabemos de qué delitos estamos hablando”.

Confiesa que no ha hablado con la secretaria de Seguridad Federal, Rosa Icela Rodríguez, ni con el Fiscal Gertz Manero ni con el secretario de la Defensa Luis Crescencio Sandoval.

López Dóriga le pregunta si ya habló con el gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca. Responde que no, que sólo con los generales Carlos Arturo Pancardo, y Pablo Alberto Lechuga, comandante de la IV Región Militar y jefe de la VIII Zona Militar, respectivamente.

Reynosa vive la peor crisis de seguridad en su historia y el gobernador y la alcaldesa ni siquiera pueden hablar de la violencia brutal que azota la ciudad. ¿La razón? Se odian políticamente, impulsan proyectos distintos en el estado y, a pesar de militar en el mismo partido, no tienen ninguna coincidencia ideológica.

La alcaldesa de una ciudad aterrorizada por los largos brazos del narcotráfico y el gobernador de una entidad sometida por el crimen, no pueden siquiera dialogar, pues sus intereses políticos y la disputa por el poder estatal les son prioritarios.

¿Articulación de esfuerzos? ¿Coordinación de estrategias? ¿Liderazgos comunes contra el crimen? Por favor, es mucho pedir para dos enemigos políticos.

Lo mismo sucede con Aureoles y AMLO. Gobernador y presidente de la República, PRD y Morena, privilegiando sus diferencias partidistas sobre la alarmante crisis de inseguridad que desgarra al país.

Total, la sociedad puede esperar sentada mientras el país camina, vacilante y peligrosamente, al borde del más oscuro y negro precipicio en nuestra nación: el desafío frontal de la delincuencia organizada al Estado Mexicano y sus fuerzas armadas.

Ojalá no sea tarde demasiado tarde para corregir.

Galerín de Plomos

La sociedad está confundiendo el  avance de la campaña de vacunación con el fin de la pandemia. El relajamiento de los protocolos sanitarios en todas las esferas sociales, laborales, médicas y gubernamentales terminará por pasar la factura. El fin de la pandemia aún no está cerca. Nos urge a todos no bajar la guardia.

Twitter: DBrondo