Políticos y Violencia
David Brondo

Los hechos de los días que corren no requieren de mayores adjetivos. La realidad en sí misma es demoledora:

  • Un comando del crimen intercepta en Reynosa a una patrulla frente a la Policía Ministerial del Estado y libera a José Alfredo Hernández, uno de los cabecillas de Los Metros, una de las células más peligrosas del Cártel del Golfo. El capo había sido detenido el lunes pasado.
  • En la carretera Monterrey-Nuevo Laredo desaparecen personas cada día. El Colectivo Todos Somos Uno Buscando Desaparecidos estima que 123 personas que transitaban por el “tramo del terror” en los últimos meses no regresaron a casa.
  • Cansado por la negligencia de las autoridades y la falta de resultados, José Eloy Espinoza inició en el 2014 una búsqueda de su hijo José Luis, de 18 años, desaparecido en noviembre de ese año en las inmediaciones de Cajeme cuando realizaba un viaje de estudios. Junto con el joven, desaparecieron otros 15 estudiantes, dos maestros y un chofer. Hoy José Eloy también está desaparecido. En Jalisco lo vieron por última vez esta semana. Buscaba incorporarse en Guadalajara a la Caravana de Búsqueda en Vida.
  • El italiano Michele Colosio, quien colaboraba en organizaciones comunitarias, residía desde hace 10 años en San Cristóbal de las Casas. La noche del domingo fue asesinado.
  • Andrés Jurado, María Yannet del Razo y su hijo Leonel André, de tres años, fueron reportados desaparecidos el pasado 4 de julio. Originarios de Aguascalientes, los cuerpos de los tres fueron encontrados el lunes en Villanueva, Zacatecas. Estaban descuartizados. La ficha de búsqueda de cada uno ahora lleva una leyenda en enormes letras azules: “Localizado”.
  • Unos 300 habitantes de la Sierra de Zihuatanejo huyeron en días pasados de sus comunidades frente al acoso de grupos de la delincuencia organizada. Frente a la extorsión criminal que los hace vivir bajo regímenes de “cuota”, prefirieron huir.
  • Chiapas arde. El 5 de junio un activista del Grupo las Abejas de Acteal fue asesinado. Un días después, los cuerpos de tres mujeres fueron encontrados en las afueras de Tapachula. El día 7 un grupo armado irrumpió en un restaurante de de Tuxtla Gutiérrez y masacró a cinco personas. Horas más tarde, en, en Pantelhó, una patrulla de la Guardia Civil fue emboscada. Nueve elementos sufrieron heridas. 
  • También en Pantelhó un grupo armado autodenominado “El Machete” anuncia la creación de un bloque de autodefensa frente al crimen organizado y lanza un desafío al Estado: “Si envían fuerzas federales para matarnos y detenernos, para encarcelarnos, es porque forman parte del crimen organizado, se confirma que tenemos un narcoestado”. En Chenalhó otros grupos armados retuvieron a una patrulla de la Guardia Nacional y los despojaron de nueve fusiles, una ametralladora, una pistola, chalecos antibalas y más de dos mil cartuchos.
  • El 10 de julio La radióloga María Esther Talamantes se negó a detener su auto en un retén del narco entre las poblaciones de Valparaíso y Jerez, en Zacatecas. Fue asesinada a tiros. El 30 de junio, el médico pasante Luis Fernando Montes de Oca, de 24 años, y Octavio R., operador de una ambulancia, realizaban labores médicas cuando fueron levantados. Sus cuerpos fueron encontrados acribilladnos y la ambulancia incendiada.

La lista de hechos violentos de estos días es interminable. Ayer mismo se registraban narcobloqueos, enfrentamientos e incendios de camiones de carga en Michoacán y se reportaban la retención de 20 elementos de la Guardia Civil en Santiago Textitlán, Oaxaca, y el asesinato de otro médico en Tapachula. 

Todos los acontecimientos tienen un mismo telón de fondo: la incapacidad de las instituciones del Estado para ofrecer seguridad a los ciudadanos. El vacío oficial es alarmante. No hay diseños de políticas públicas, no hay esfuerzos de coordinación entre el gobierno federal y los estados y no hay un trabajo sistemático para construir corporaciones de seguridad mejor equipadas y capacitadas. Tampoco hay proyectos de largo plazo para impulsar policías científicas para la persecución del delito. 

Se pasa por alto lo obvio para cualquier política de seguridad: frente a las corporaciones corruptas y cooptadas se requieren agencias de seguridad confiables. No las hay.

Todo el terreno que pierden las autoridades lo ganan los cárteles y los grupos del crimen organizado. Las bandas están ganando la batalla en todos los frentes. Otros datos revelan la gravedad de la inseguridad:

  • A pesar de la pandemia y el confinamiento, los asaltos al autotransporte arrecian en las carreteras: en los primeros cinco meses del año se registraron 5 mil 133 robos, 2 mil de ellos en el Estado de México.
  • La Secretaría de Gobernación reconoció el lunes que durante el sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador han sido asesinados 68 defensores de los derechos humanos y del medio ambiente y 43 periodistas. Dos activistas y siete periodistas estaban bajo la tutela de los mecanismos de protección de Estado.

Y volvemos a lo mismo: la inoperancia del Estado, la profunda incapacidad para cumplir su premisa básica frente a los ciudadanos: la seguridad pública.

Algo no está bien en una sociedad cuando las bandas gobiernan en barrios y carreteras, cuando grupos armados retienen y asaltan a los miembros del Ejército y cuando los cárteles entran como Pedro por su casa a oficinas y sedes ministeriales a liberar a sus capos detenidos horas antes. 

Nada puede estar bien cuando cientos de inocentes mueren en las calles, cuando crecen las zonas con características de los estados fallidos y cuando los narcos deciden quién debe vivir y quién debe morir. Nada está bien cuando un niño de tres años y sus padres son masacrados porque sí en una carretera.

Vaya, nada está bien cuando los únicos liderazgos visibles son los de los capos de la delincuencia.

Permitir el naufragio de las corporaciones de seguridad y de las policías federales y estatales en aras de la militarización y de la panacea de una Guardia Nacional contemplativa e inoperante ha tenido un costo altísimo en el tejido social. 

La espiral de la violencia sigue su curso incontenible. El deterioro del Estado y sus instituciones de seguridad también. 

Galerín de Plomos

Tras el desplome de la Línea 12 del Metro, Marcelo Ebrard y Claudia Sheinbaum, deberían estar siendo objeto de una investigación. Ebrard por ser el jefe del gobierno de la Ciudad de México cuando se inauguró la Línea y Sheinbaum por ser la jefa del gobierno en el momento de la desgracia. Sin embargo, el desastre les hace lo que el viento a Juárez. Ambos anuncian gustosos sus intenciones de ser presidentes de México en el 2024.

Twitter: DBrondo