Presentan documento en Ginebra, Suiza
POR NOTIESE
De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), cada año se realizan aproximadamente 22 millones de interrupciones del embarazo de forma insegura en todo el mundo, en las que se estiman que 47 mil mujeres mueren debido a complicaciones.
Ante esas cifras, expertos en derechos humanos como Alda Facio, presidenta del Grupo de Trabajo sobre la cuestión de la discriminación contra la mujer en la legislación y en la práctica; Dainius Pûras, relator especial sobre el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel de salud física y mental, y Juan E. Méndez, relator especial sobre la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, pidieron, ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU), que todos los Estado miembros de este deroguen las leyes y las políticas restrictivas sobre el aborto, así como todas las medidas punitivas y las barreras discriminatorias para el acceso a servicios seguros de salud reproductiva.
Dichas leyes, indicaron, afectan a 40 por ciento de la población mundial y “son una de las formas más perjudiciales de la instrumentalización de los cuerpos de las mujeres y una grave violación de sus derechos humanos. Las consecuencias para ellas son graves y a veces acaban pagando con sus vidas”.
Además, que la penalización del aborto y la negativa a proporcionar un acceso adecuado a los servicios para la interrupción de un embarazo no deseado son formas de discriminación basadas en el sexo, y no reducen la necesidad ni el número de los que se realizan; sólo aumenta los riesgos para la salud y la vida de las mujeres y las niñas que acuden a servicios inseguros e ilegales.
A través de su petición, presentada en Ginebra, Suiza, el grupo de expertos consideró que la educación sexual integral es un factor esencial para reducir la incidencia de embarazos no deseados y, por tanto, disminuir el número de aborto, ya que, en los países donde se facilita el acceso a la información y a los métodos anticonceptivos modernos, y donde el aborto es legal, tienen los índices de aborto más bajos.
Dicho pronunciamiento se dio en el marco del Día Internacional por la Despenalización del Aborto en América Latina y el Caribe y el Día de Acción Global para el Acceso al Aborto Seguro y Legal, que se conmemoran este 28 de septiembre. Una parte del mensaje dado ante la ONU señalaba la necesidad de agregar esta fecha como una jornada de reflexión necesaria dentro del calendario del organismo internacional.
La efeméride
El 28 de septiembre fue establecido como Día Internacional por la Despenalización del Aborto en América Latina y el Caribe, durante el V Encuentro Feminista, realizado en San Bernardo, Argentina, en 1990, donde el tema central fue el derecho de interrupción seguro y como parte de un movimiento por la salud se lanzó la campaña 28 de septiembre: Aborto legal para no morir.
En 1994, en la Conferencia Internacional de Población y Desarrollo, celebrada en El Cairo, y en la Plataforma de Acción de Beijing de 1995, se planteó la penalización del aborto como una restricción de los derechos humanos de las mujeres y se buscó centrar como tema de análisis los derechos sexuales y los derechos reproductivos.
Ya en 2013, en el marco del Consenso de Montevideo sobre Población y Desarrollo, se hizo hincapié en “eliminar las causas prevenibles de morbilidad y mortalidad materna, […] para prevenir y evitar el aborto inseguro”, específicamente en América Latina.
Pese a estos mandatos, el acceso a los servicios de salud es deficiente e insuficiente y las mujeres que deciden abortar, siguen muriendo diariamente en condiciones de insalubridad. Sólo en algunos países se reconoce este derecho en situaciones específicas, como en caso de violación, cuando representa un riesgo para la salud o la vida de la mujer, y por malformaciones congénitas.
La negación de los derechos de las mujeres en países como Chile, República Dominicana, El Salvador, Haití, Honduras, Surinam y Nicaragua, llega al punto de penalizar el aborto, aún en los casos de violación, contribuyendo al incremento de embarazos no deseados y a la mortandad durante la práctica de abortos clandestinos.
En México, al menos 18 entidades federativas han establecido en sus legislaciones la protección al derecho a la vida desde el momento de la concepción hasta la muerte natural, siendo la última, Veracruz. La Ciudad de México es la única que permite la interrupción legal del embarazo hasta la semana 12 sin importar la causal.
De acuerdo con cifras del Instituto de Mujeres del Distrito Federal (INMUJERESDF), en la Ciudad de México, de abril de 2007 al 24 de agosto pasado, 117 mil 392 mujeres han sido atendidas en los servicios de ILE y en la defensa y promoción de sus derechos reproductivos.
