En la madrugada del jueves en Estados Unidos debía en vigor el nuevo veto migratorio de Donald Trump tras el fiasco del primer decreto. El presidente estadounidense afrontaba una prueba de fuego. Quería evitar el tumulto de la anterior orden ejecutiva. La justicia la paralizó una semana después de aprobarse al considerar que había indicios de que fuera inconstitucional. Antes, la orden había provocado escenas de caos en los aeropuertos y desató una ola de indignación internacional.
La Administración republicana había tratado de evitar errores con el nuevo texto. En vez de recurrir la suspensión de la norma original por parte de un juez de Seattle, el Gobierno había impulsado una nueva versión más moderada y ha bajado el tono dialéctico.
El veto estaba pensado para ser efectivo a los 10 días de firmarlo Trump en un acto a puerta cerrada, lejos de la parafernalia de su firma del primer decreto, el 27 de enero, cuando prometió “mantener a terroristas islamistas radicales” fuera de EE UU. Y el presidente ha dejado de atacar al magistrado que frenó su estrategia.
La prohibición es más acotada que la anterior, que se implementó inmediatamente sin que los agentes fronterizos supieran exactamente cómo aplicarla. Pero la tesis ideológica detrás del veto es la misma que atizó Trump en campaña: el supuesto peligro, no demostrado, que entraña para EE UU la entrada de refugiados e inmigrantes musulmanes.
Se impide durante 90 días solicitar un visado a los ciudadanos de seis países de mayoría musulmana (Irán, Siria, Sudán, Somalia, Libia y Yemen). Pero en la lista ya no figura Irak y la restricción no afecta a las personas que ya tienen un visado o residencia permanente.
