Por Misael D´Mora
En mayo de 2015 se hizo una reforma constitucional para crear el Sistema Nacional Anticorrupción, esta nació desde el inicio del mandato del presidente Enrique Peña Nieto como parte del paquete de grandes reformas que anunció en ese entonces, entre ellas la educativa y energética, las cuales hasta se aprobaron en tiempo récord por parte de los legisladores. Sin embargo, el Sistema Anticorrupción que toca temas como la forma de gobernar, la transparencia y la rendición de cuentas no acaba de cuajar entre la clase política mexicana y sigue pendiente en lo esencial.
No se necesita ser un experto para saber que la corrupción en México es algo que impide que nuestra democracia se consolide, que se vuelva más moderna y representativa, que sea capaz de evaluar a los funcionarios para premiarlos o castigarlos de acuerdo a sus resultados; la corrupción también ha dañado nuestro desarrollo económico, ha hecho más profundas las desigualdades económicas y sociales, ha generado un sistema de privilegios para políticos y empresarios por encima del resto de los ciudadanos; la corrupción ha incrementado la violencia, pero sobre todo ha acabado con la confianza en las instituciones del país: este último punto tal vez sea el peor de todos y el más lamentable.
Atacar la corrupción es complejo porque toca muchos intereses, y aunque en teoría el interés general debería ser el más importante, parece que tendremos que seguir esperando por un mecanismo que combata y persiga de manera efectiva la corrupción mexicana: apenas en mayo pasado las Cámara de Senadores y la de Diputados aprobaron herramientas legislativas que implementarían el régimen constitucional anticorrupción, el presidente utilizó su facultad de veto e impidió que se aprobaran modificaciones que tienen que ver con las declaraciones patrimonial, fiscal y de conflicto de interés de particulares, así que fue devuelta a los senadores para que la discutieran y semanas más tarde se aprobó eliminando lo que la hacía inviable, acorde a lo expresado por la sociedad y la iniciativa privada.
Pero acorde a la experiencia nacional la promulgación de esa leyes, no garantiza que el objetivo para el que fueron creadas se cumpla ¿Por qué seguimos aferrándonos a promulgar leyes como si esto fuera garantía de que se van a cumplir? México no es un país de leyes, es decir, una nación es de leyes cuando las normas que ella misma se impone son acatadas y respetadas por sus ciudadanos, esto evidentemente en México no sucede. Un ejemplo es la Ley Antilavado la cual es (según expertos) una de las más adelantadas en el mundo, entonces ¿por qué con todo y dicha Ley, Ficrea pudo filtrar miles de millones al sistema financiero mexicano sin que fueran “vistos o detectados” por las instituciones? ¿por qué no funciona esta Ley? no funciona porque no la aplicamos, porque no hay castigo para quien las rompe, porque no hay consecuencias para funcionarios que sucumben ante la corrupción o cualquier otro beneficio propio.
¿Son necesarias las leyes para combatir la corrupción?
Los países que han combatido la corrupción no comenzaron promulgando leyes, ni endureciendo los castigos o haciendo penas ejemplares, lo han logrado fortaleciendo su ética pública, es decir, entendamos a la ética como todos aquellos comportamientos o hábitos que tenemos, entonces en otras naciones han trabajado para tener costumbres o hábitos (o sea ética) comunes que sean funcionales para todos los grupos sociales sin importar las diferencias de religión, creencias familiares, profesiones u oficios; luego esos hábitos o esa ética común es puesta en práctica en el servicio público y es ahí cuando ya se le puede llamar ética pública, es decir, la ética pública debe notarse en quien desempeña una función pública o encargo público.
En el mundo sí hay países que han comprendido que se debe comenzar por aplicar una disciplina ética para prevenir la corrupción. Ojo: para luchar contra la corrupción hay que prevenirla, no corregirla cuando ya se manifestó. Entonces, así como hay territorios donde su población ha comprendido que es necesario aplicar una disciplina ética para prevenir los actos de corrupción, hay otros países que aún están muy lejos de descubrir y comprender lo importante que es la ética para transparentar el servicio público. Lamentablemente este es el caso de nuestro país, donde estamos tan habituados a enterarnos de actos corruptos que lo vemos como algo normal y cotidiano.
Así como el alcohol y el cigarro son drogas socialmente toleradas, la corrupción es en México “un delito tolerado”, es un comportamiento que hemos aprendido y hasta incorporado en nuestra vida pública y privada. Del presidente para abajo muchos reconocen que la corrupción es un mal, pero que resulta irremediable y hasta piensan que ya lo traemos en la sangre, para muestra recordemos que en septiembre de 2014 en el evento de los 300 líderes más influyentes de México, el mismo presidente Peña Nieto dijo que “hay que reconocer que la corrupción en nuestro país es cultural” es decir que según el primer mandatario, la tenemos en la médula.
Pasaron sólo dos meses de esa declaración y en noviembre de ese mismo año nos enteramos que la familia del presidente recibió una casa de un empresario que hace contratos con el gobierno federal y al cual se le paga con dinero público, esto hizo pensar que el presidente favorece con obras públicas a ciertos empresarios que le hacen “algunos favores”. Esto fue percibido por la gente como un acto de corrupción cometido por el mismo primer mandatario que dos meses atrás afirmaba que la corrupción en México es cultural. Entre la sociedad el aparente acto de corrupción presidencial fue tolerado y prácticamente no pasó nada, pues no se le exigió explicación ni tampoco rendición de cuentas.
Por si lo anterior fuera poco, en agosto pasado nos repitieron la dosis: el diario inglés The Guardian reveló que la esposa de Peña Nieto usa en Miami un departamento que pertenece a un posible contratista del gobierno de México, un nuevo caso muy parecido al de “la Casa Blanca”, el cual sugiere por lo menos conflicto de intereses entre el presidente y un empresario favorecido con contratos gubernamentales y dinero público.
En el ámbito privado, la Encuesta Global de Fraude de la empresa Ernest & Young afirma que seis de cada diez empresas internacionales consultadas coincidieron en decir que México es el país latino con más de corrupción y pago de sobornos.
¿El reciente Sistema Nacional Anticorrupción podría hacer algo para investigar este departamento en Miami? Se ve difícil toda vez que los alcances y facultades para investigar de este sistema han sido acortados por el veto presidencial. Pero la implementación de dicho programa anticorrupción nos dice que no hemos entendido el problema, porque aunque el Sistema Nacional Anticorrupción contiene estrategias muy valiosas, el problema de fondo sigue siendo el mismo: que destinamos dinero público, esfuerzo y trabajo en perseguir la corrupción en lugar de evitarla. Otra cosa que es aún más paradójica y tal vez hasta ridícula sería ¿para qué hacer leyes anticorrupción si en el fondo la corrupción significa violar la ley? es decir, no se puede pretender atacar al problema con aquello que ha sido nuestra debilidad. Debemos tener claro que el corrupto no ve a las leyes como una amenaza sino como una oportunidad de negocio.
Según la experiencia internacional, la corrupción se combate, o mejor dicho se previene, cuando la sociedad se muestra menos tolerante a ella, cuando hay castigo social. Una posible solución al problema de la corrupción no vendrá con más leyes, más castigos o aumento de penas; tampoco vendrá de los políticos, de los empresarios, ni de los inofensivos medios de comunicación tradicionales, el remedio vendrá cuando no la toleremos, cuando haya medios que la reporten duramente y luego la sociedad reaccione condenándolos enérgicamente y con mucha presión, pero ello se antoja difícil y como una labor de educación que rendirá frutos en el largo plazo.
