POR SIN EMBARGO
Ante el escenario de crisis que se avecina para México por las decisiones en materia de política bilateral del Presidente electo de Estados Unidos Donald Trump, la administración de Enrique Peña Nieto puede aminorar la carga sobre sus hombros si lleva tras las rejas a los ex gobernadores del Partido Revolucionario Institucional acusados de diversos delitos, dicen expertos consultados por SinEmbargo. Aunque la mala imagen y reputación del Presidente y del PRI será difícil de revertir, encarcelar a los ex mandatarios corruptos y ladrones, puede aminorar un poco el daño al debilitado Estado de Derecho mexicano.
CIUDAD DE MÉXICO.- Juzgar y encarcelar a los ex gobernadores acusados de desfalco a las arcas públicas, corrupción y otros delitos, puede aminorar el daño al debilitado Estado de Derecho mexicano, aunque no la imagen del Presidente y del Partido Revolucionario Institucional (PRI), plantearon analistas consultados por SinEmbargo.
El encarcelamiento del Guillermo Padrés Elías, ex Gobernador del Partido Acción Nacional (PAN), es un avance y envía a la opinión pública el mensaje de que el Gobierno podría actuar con mano dura contra los ex mandatarios. Además de Padrés, los casos de desfalco a las finanzas públicas de los ex mandatarios del PRI no han dejado de surgir. No sólo se trata de Javier Duarte de Ochoa, Gobernador con licencia de Veracruz, actualmente prófugo; sino de César Duarte Jáquez, de Chihuahua; Roberto Borge Angulo, de Quintana Roo; José Herrera Caldera, de Durango, quien hace unos día se amparó ante una posible orden de aprehensión, y Rodrigo Medina de la Cruz, de Nuevo León.
Lorenzo Meyer Cossío, historiador y politólogo de El Colegio de México (Colmex), dijo en entrevista que el encarcelar a los ex gobernadores puede contrarrestar el proceso de desgaste del Estado de Derecho, pero es imposible revertir el daño en lo que resta del sexenio.
“Porque la verdadera política en contra se debió hacer no cuando eran ex gobernadores sino cuando eran gobernadores, cuando estaban en el ejercicio del poder y la maquinaria de fiscalización del Gobierno ya tenía los elementos para proceder en su contra. La Auditoría Superior de la Federación [ASF] había documentado parte de la corrupción, del mal manejo que se daba en los estados”, explicó Meyer Cossío.
El politólogo agregó que los ejercicios de los ex gobernadores priistas, incluidos los hermanos Humberto y Rubén Moreira en Coahuila, quedarán marcados en la historia por la inacción del Gobierno federal y por un “dejar hacer, dejar pasar”.
“Supongamos, que ahora en los dos últimos años Peña Nieto dice: ‘me las van a pagar’. Suena un poco tarde para realmente restaurar o crear confianza. Quizás creará un mínimo de confianza en que la estructura institucional sí funciona, pero no se puede borrar el hecho de que durante cuatro años no hizo nada. Lo que se sospecha, pero con ciertas bases, es que esos gobiernos le dieron recursos a Peña Nieto para su campaña de 2012. Tener la información y no hacer nada es abdicar de su obligación, es no hacer justicia, es hacerse cómplice”, consideró Meyer.
Arturo Alvarado Mendoza, director del Centro de Estudios Sociológicos de El Colegio de México (Colmex), dijo que “para fortalecer el Estado de Derecho no sólo se requiere perseguir y procesar a los ex funcionarios que dañaron criminal y sistemáticamente al Estado de Derecho, sino construir mecanismos para que esos gobernantes puedan ser llamados a cuentas”.
“Ese sería un elemento para construir un Estado de Derecho. La segunda es para que el país salga adelante de este problema, no sólo se requiere procesarlos, sino una política de reparación del daño profundo para contrarrestar la ilegalidad con la actuaron en una administración, no solo ellos sino el Congreso y las procuradurías locales; nomás se juzga a una persona y no a los otros que tenían la responsabilidad de vigilar el desempeño en la cuestión pública”, detalló Alvarado Mendoza.
El investigador del Colmex agregó que debe analizarse qué es un mal gobierno y cuáles son las formas en las que se produce un daño profundo a lo público.
“Necesitamos crear mecanismos de protección y de reconstrucción del Gobierno, de entidades públicas y del Estado de Derecho, además de buscar cómo la sociedad puede protegerse y resarcir el daño que se ha creado en estas administraciones”, dijo Alvarado.
Nicolás Loza Otero, analista político de Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO), opinó que si Peña Nieto persigue a los ex gobernadores priistas será un acierto, pues históricamente los mandatarios estatales han sido figuras intocables.
Sin embargo, el Gobierno federal deberá ir más allá y no solo liberar órdenes de aprehensión, sino ejercer la acción penal, aprehender a los presuntos responsables y sobre todo, integrar adecuadamente los expedientes para armar un “buen caso” y evitar la impunidad.
“Eso puede ser un factor que haga diferencias en la evaluación del Presidente en su desempeño rumbo a 2018. Ya lo está haciendo, pero la popularidad de Peña no ha parado de bajar, las intenciones de voto por el PRI tampoco. Esto ha corrido en paralelo a los casos de corrupción. El daño a la reputación al PRI y al Presidente ya está hecho, quizás aligeraría un poco el daño, pero no se revierte, no hay manera de que eso cambie en el corto plazo”, dijo Loza Otero.
Las consecuencias para México del triunfo de Donald Trump en Estados Unidos y su política económica y migratoria hacia el país, no impactará tan contundentemente en la evaluación de la administración del Presidente Enrique Peña Nieto, como sí lo hará la corrupción de los gobernadores, expuso.
“Hay una lógica de política interna; una presión clara de la opinión pública por los escándalos de corrupción de los ex gobernadores, y están reaccionando políticamente, lo cual me parece bien, ¿qué tanto va a salvar el sexenio con eso? No lo sé. No me queda claro que ese sea el resultado, porque son muchos factores los que se toman en cuenta para evaluar una administración, pero vamos a ver qué sucede si se captura a los gobernadores, que son varios, y sobre todo si se repara el daño que causaron al erario”, explicó Jorge Chabat, investigador de la División de Estudios Internacionales del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE).
La evaluación de la población sobre la posible conclusión del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), en donde México resultará seriamente afectado en su economía, y el resto de las decisiones en la política bilateral del Presidente electo de Estados Unidos Donald Trump, no será directamente adjudicada como culpa de la administración actual.
“La cuestión del TLCAN y lo de Estados Unidos no depende mucho del Gobierno mexicano, pues ahí el Gobierno de Peña Nieto no tiene mucho margen de maniobra y hará lo que pueda. Evidentemente afectará a la economía, sí, y eso puede tener un impacto en la popularidad del Presidente, sí; pero no es una variable que controle bien el Gobierno o no la controla de nada. En el caso de la corrupción sí hay más responsabilidad: se sabía de los desfalcos de los gobernadores desde hace mucho tiempo y no se hizo nada; ahí habrá un mayor costo político”, detalló Chabat.
