Por El País
El desarrollo del mercado interno se ha convertido en el punto de partida de prácticamente todos los programas políticos para las elecciones federales mexicanas de 2018: más consumidores con mayor poder de consumo para compensar el creciente riesgo del proteccionismo internacional sobre la economía. Esa idea ocupa un lugar preponderante en los discursos del actual presidente, Enrique Peña Nieto (PRI); de Andrés Manuel López Obrador, candidato del izquierdista Morena; y de los precandidatos del conservador PAN y del progresista PRD. También se ha hecho con un lugar central en los últimos pronunciamientos públicos del hombre más rico del país, Carlos Slim, cuyo perfil político ha crecido como la espuma desde la victoria de Donald Trump en Estados Unidos. Pero ese loable objetivo pasa, inevitablemente, por un incremento sustancial de la inversión en infraestructuras que no se ha producido en los últimos años.
En economía, los multiplicadores lo son prácticamente todo cuando hay que decidir a qué destinar el dinero público: revelan la capacidad de una inversión de incrementar el crecimiento, el objetivo último de cualquier medida de política económica. Y en México, las cifras son concluyentes: por cada punto porcentual de PIB dedicado a infraestructuras, el crecimiento económico aumenta un 1,3%, según los datos de la agencia de calificación Standard and Poors. “Hay una correlación claramente positiva entre ambas variables”, subraya Jose Coballasi, analista de la calificadora en México y firmante de un reciente estudio que exhorta al país norteamericano a seguir invirtiendo independientemente de lo que ocurra con las negociaciones del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN). Es su futuro económico lo que está en juego.
