El Universal
Uno de cada tres latinoamericanos pagó sobornos en los últimos doce meses en servicios públicos básicos, según un estudio presentado hoy por la ONG alemana Transparencia Internacional (TI), que resalta la corrupción en México, República Dominicana y Perú.
El informe “Las personas y la corrupción: América Latina y el Caribe” destaca además, tras entrevistar a más de 22.000 personas en 20 países de la región, que la percepción generalizada es que estas prácticas están en aumento, que los gobiernos no las combaten con determinación, y que casi un tercio de quienes las denuncian sufre represalias.
“La fotografía de la región no es positiva. Porque un gran número de ciudadanos piensa que la situación no cambia o ha empeorado y porque muchas personas dicen que el gobierno no está haciendo un buen papel”, Alejandro Salas, responsable de TI para las Américas.
México es el país donde más encuestados aseguran haber pagado sobornos en el período de estudio, con un 51 % de los interrogados, seguido por República Dominicana (46 %), Perú (39 %), Venezuela (38 %) y Panamá (38 %).
En el extremo contrario de la región se encuentran:
- Trinidad y Tobago (6 %)
- Brasil (11 %)
- Argentina (16 %)
- Jamaica (21 %)
- Chile (22 %)
- Uruguay (22 %)
- Paraguay (23 %)
- Costa Rica (24 %)
- (33 %), El Salvador (31 %)
- Nicaragua (30 %)
- Colombia (30 %)
- Guatemala (28 %)
- Ecuador (28 %)
- Bolivia (28 %)
El presidente de TI, José Ugaz, criticó en un comunicado que latinoamericanos y caribeños estén “siendo defraudados” por “sus gobiernos, su clase política y los líderes del sector privado”.
Los hospitales públicos es donde en más ocasiones se han visto obligados a pagar sobornos los encuestados (20 %), seguido por la escuela pública (18 %), las oficinas de documentos de identidad (17 %), la policía (16 %), los servicios públicos de agua y electricidad (14 %) y los tribunales (12 %).
Por instituciones y a nivel regional, la policía y los representantes electos son percibidos como “todos o casi todos corruptos” por el 47 % de los encuestados, seguidos por el gobierno local (45 %), el primer ministro (43 %), jueces y magistrados (40 %), empleados públicos (37 %), empresarios (36 %) y líderes religiosos (25 %).
Salas destaca que ricos y pobres se ven afectados de forma similar por la corrupción, con lo que en términos relativos afecta mucho más a las personas con menores ingresos.
TI considera que la “medida más importante” contra la pequeña corrupción es dar una información “completa sobre derechos y costos de los trámites”, explica Salas.
Es clave además mejorar la “protección al denunciante”, un ámbito en el que “en América Latina estamos en pañales”: “Está hasta mal visto denunciar. Y los valerosos que se atreven muchas veces sufren castigos. Las consecuencias generan miedo”.
