FUENTE APRO
CIUDAD DE MÉXICO.- A partir de los 10 años, los niños mexicanos son susceptibles de ser integrados a la larga cadena del crimen organizado y tráfico de estupefacientes, alertó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en su informe “Violencia, niñez y crimen organizado”.
Realizado por la Relatoría Especial de la Niñez, el documento abordó la preocupante ausencia de políticas públicas en América Latina para detener la incorporación de niños y adolescentes a bandas del crimen organizado y maras, así como la nula reacción punitiva de los gobiernos.
En el informe, la Comisión revisó la situación de los menores en países particularmente aquejados por la presencia de grupos delictivos dedicados al tráfico y venta de narcóticos.
Con amplitud, abordó la respuesta de los Estados a cuestionarios enviados por la Relatoría, así como por visitas en 2013 y 2014 a México, Brasil y Honduras, entre otros países.
En el caso mexicano, la CIDH destacó que, de acuerdo con la información proporcionada por el Estado, “se desprende que los niños son integrados a organizaciones criminales a partir de los 10 y 11 años de edad, o incluso a edades más tempranas para trabajar para traficantes”.
De acuerdo con las respuestas del Estado mexicano, éste reconoció que hay aproximadamente “un millón y medio de niños de 5 a 17 años que no estudian ni trabajan, quienes son más fácilmente captados y explotados por el narcotráfico y la delincuencia organizada”.
La Relatoría Especial de la Niñez de la CIDH aplicó los cuestionarios también a organizaciones de la sociedad civil mexicanas, las cuales estiman que unos 30 mil menores de 18 años forman parte de las filas de la delincuencia organizada.
Las agrupaciones consultadas agregaron que niños de 9 a 10 años son víctimas de trata de personas y que hay casos de más pequeños que son “usados como vigías”.
Según los reportes de la sociedad civil, niños de 12 años son usados para cuidar casas de seguridad y a partir de los 16 ya portan armas y participan en secuestros o asesinatos.
“En lo que se refiere al narcotráfico, los niños están involucrados en toda la línea de la industria. Los más pequeños trabajan como vigilantes, los más grandes se ocupan del traslado de la droga y a partir de los 16 empiezan a ser contratados como sicarios”, según el estudio.
Niñas y migrantes, en mayor riesgo
Además de la ausencia de políticas públicas para evitar la incorporación de menores en el crimen, tampoco hay atención para los migrantes, advirtieron las organizaciones sociales a la CIDH.
La Comisión fue notificada de que niños y adolescentes migrantes centroamericanos “son secuestrados por las organizaciones criminales a su paso por México y, en caso de que la familia no cuente con recursos para pagar su rescate, los obligan a realizar acciones para el grupo criminal”.
El organismo interamericano alertó sobre la discriminación de la que son víctimas los menores de la región, sobre todo los varones de “barrios pobres y periféricos estigmatizados como peligros sociales, que deben ser controlados”.
Sin embargo, apuntó que los más jóvenes son el grupo social más afectado por la violencia y quienes están en mayor riesgo “de vulneración a derechos y actuar del crimen organizado”.
La Relatoría responsable del documento lamentó que los Estados del continente americano “siguen priorizando la respuesta punitiva y retributiva a través del sistema penal y la reinserción social, encerrando a los adolescentes en condiciones muy precarias, exponiéndolos a situaciones de abuso y violencia en las prisiones, sin ofrecer apoyos necesarios para su efectiva revinculación de forma positiva y constructiva en la sociedad”.
Al recordar que América Latina es el continente de mayor violencia en el mundo, donde el homicidio es la principal causa de muerte entre los niños y adolescentes –en una tasa de 30 asesinatos por cada 100 mil habitantes, y el de mayores desigualdades sociales–, el documento destacó que la infancia sufre violencia y abusos en todos los escenarios donde se desenvuelve y carece de alternativas educativas.
Peor aún, en las zonas donde “operan organizaciones criminales y maras, a menudo los niños y adolescentes sufren presiones, amenazas o engaños para que colaboren con esas organizaciones”. No obstante, hay quienes se acercan a los criminales “en búsqueda de oportunidades, reconocimiento, protección y sentido de pertenencia, aspectos que de otro modo no consiguen obtener”.
Para la CIDH, “la forma y el contexto en los cuales ocurre la captación de niños y adolescentes a estructuras criminales, así como las características que tiene esta vinculación al grupo delictivo pueden ser consideradas en muchos casos como situaciones de abuso y explotación”.
El género influye en esa relación, apuntó la CIDH en su informe, pues mientras los niños son utilizados para el tráfico y venta de droga, robos extorsiones y acciones violentas, “las niñas generalmente son víctimas de violencia sexual y de género, muchas son forzadas a mantener relaciones con integrantes de los grupos criminales, son abusadas sexualmente y tratadas y explotadas con fines sexuales”.
Para estas niñas, lamentó la CIDH, no existen políticas suficientes para su atención; por el contrario, son criminalizadas, sobre todo en estados donde está penalizada la prostitución.
