CIUDAD DE MÉXICO.- A 21 años de ser la punta de lanza de la pluralidad política mexicana, el Poder Legislativo federal enfrentará, a partir de hoy, el reto de mantenerse como un poder autónomo del Ejecutivo federal, que fue un órgano de control para cuatro presidentes de la República, o regresar a los tiempos de la aplanadora legislativa al servicio del gobierno en turno.
Protagonista indiscutible de la vida política nacional, reflejo de la pluralidad ideológica de los mexicanos y su afán de alternancia en el poder político, el Congreso de la Unión cierra su etapa de 21 años como la casa de la diversidad partidista para regresar a su antiguo rostro de mayorías absolutas para un solo partido político, frente a una oposición tan minimizada, que en algunos casos es testimonial.
El Poder Legislativo federal inauguró la pluralidad política en 1997 y así se mantuvo 21 años, en los que procesó mil 650 reformas para que México transitara del país de la revolución institucional y el nacionalismo como principio de gobierno, dominado por un presidencialismo metaconstitucional, a un país abierto al mundo, con contrapesos entre los tres poderes de la Unión, la creación de organismos autónomos y de órganos reguladores que se convirtieron en acicate del Ejecutivo federal.
La alternancia en el Poder Legislativo federal permitió al país contar con al menos60 instrumentos legislativos que acotan el poder metaconstitucional del cual gozó la Presidencia de la República en los tiempos del priismo, que salió de Los Pinos hace 18 años.
Desde ese Poder Legislativo plural, México contó con nuevas leyes que no existían cuando el PRI dejó la Presidencia en 2000 y que permitieron el fortalecimiento de instituciones como necesarias para la defensa de los derechos ciudadanos.
Así, se afianzaron instituciones como la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), el Banco de México, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), de la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), la Agencia de Noticias del Estado Mexicano (Notimex), el Instituto Federal de Telecomunicaciones (Ifetel), la Auditoría Superior de la Federación (ASF), la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), el Instituto Nacional Electoral (INE) y el propio Congreso de la Unión, para evitar que sean apéndices del Presidente en turno.
La creación de otras instituciones que buscan fortalecer el poder ciudadano y controlar las decisiones del gobierno federal, con base en una obligación constante de transparencia de sus gastos y decisiones, como el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai), la Comisión Nacional de Atención a Víctimas, la Procuraduría de Defensa del Contribuyente, el Instituto Nacional de las Mujeres, que se acompañan de nuevas disposiciones de poder ciudadano, como las Acciones Colectivas o la Comisión Nacional Anticorrupción.
Y la creación de leyes que obligan a la rendición de cuentas constantes ante el Congreso de la Unión, no sólo a todas la secretarías de Estado, sino a organismos como Petróleos Mexicanos (Pemex), el IMSS, el ISSSTE y la Comisión Federal de Electricidad (CFE), así como la protección a la burocracia federal para que deje de ser carne de cañón de los intereses partidistas de un gobierno federal, a partir de la carrera profesional como servidor público, o la creación de sanciones para evitar corruptelas entre ellos son algunos de los instrumentos jurídicos que existen en México a partir de 2001, primer año del gobierno de la alternancia.
Pero además, hay disposiciones que permitieron un rostro mucho más independiente y de contrapesos en el Poder Legislativo, que acotan las otrora decisiones incuestionables de un Presidente de la República, como el hecho de que no puede ejercer el veto de bolsillo hacia alguna ley; el hecho de que debe transparentar los padrones de los programas sociales; las cuentas que debe aclarar ante organismos como el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval); el no poder intervenir en un proceso electoral, a partir de someterlo a la veda publicitaria.
A diferencia del priista Ernesto Zedillo, a partir de 2013 un mandatario federal mexicano también está obligado a someter a la consideración del Senado el nombramiento que haga de los titulares de los órganos de control, y tiene la obligación de ajustarse a las restricciones que le impongan las instituciones guardianas de que no exceda sus atribuciones, como la Suprema Corte y el propio Congreso o la Auditoría Superior de la Federación.
Y es que sin importar qué partido tuvo la primera minoría en el Congreso de la Unión, a pesar de las diferencias políticas naturales, en estos 18 años de gobiernos federales panistas y priistas, el Poder Legislativo aprobó mil 650 reformas y nuevas leyes; de ellas, 98 fueron cambios constitucionales y mil 552 instrumentos legales de nueva creación o reformadas.
