Criminales que secuestran y matan a militares, y civiles que toman la justicia por su propia mano, son dos signos de que la seguridad del país se le ha ido de las manos a las autoridades federales y estatales, aseguraron especialistas. En los primeros nueve meses del año hubo 20 por ciento más homicidios que los reportados durante el mismo periodo de 2015, mientras el Gobierno federal minimiza esta situación. ¿Qué sucede con el Estado de Derecho?
POR SIN EMBARGO
CIUDAD DE MÉXICO.- Los pasajeros de un autobús que salió la madrugada del lunes de San Mateo Atenco rumbo a la Ciudad de México sufrieron un asalto común con un resultado inusual. A la altura de San Pedro Tultepec, cuatro sujetos se subieron con armas de fuego a exigirles que les entregasen sus pertenencias. Cumplido el acto, ninguno de los asaltantes reaccionó cuando un pasajero los acribilló a balazos.
Conforme la unidad continuó su camino a la ciudad, el asesino descendió del transporte colectivo. Ninguno de los testigos aportó información a las autoridades estatales sobre a dónde fue el fugitivo.
Anne W. Johnson, profesora de la Universidad Iberoamericana, dice que el surgimiento de ciudadanos “vengadores” se da en situaciones donde hay una profunda desconfianza de la sociedad en los mecanismos de justicia.
“Funciona como un mecanismo de acceso a la justicia en la ausencia de otras opciones, […] en muchos casos no se trata tanto de vengar una ofensa, sino intentar impartir justicia frente a un crimen, […] muchas veces los testigos no lo denuncian porque sienten que por lo menos alguien hizo algo”, consideró Johnson.
Entre enero y septiembre hubo mil 404 averiguaciones previas por robo a transportistas en el Estado de México, de las cuales el 91 por ciento se realizó con violencia, de acuerdo con datos oficiales.
José Antonio Lara Duque, director del Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero, apuntó que la entidad atraviesa por un momento de hartazgo e inconformidad por la gestión en materia de seguridad de las autoridades. Sin embargo condenó el acto de violencia.
“Desafortunadamente, nos encontramos ante un vacío de autoridad. Parte de éste pasa por un altísimo nivel de corrupción, que se hermana con la impunidad, cuando se cometen actos delictivos”, dijo Duque.
Los primeros nueve meses de este año presentaron mil 545 averiguaciones previas por homicidios dolosos o intencionales, apenas 14 menos que las cometidas en el mismo periodo del año pasado.
El 30 de agosto, el Presidente Enrique Peña Nieto anunció que priorizaría la seguridad -con la participación de autoridades de los tres órdenes de Gobierno- en 50 municipios del país donde se cometen el 45 por ciento de los homicidios intencionales, dentro de esta lista hay ocho municipios del Estado de México.
“Las autoridades están siendo omisas para hacer una persecución verdadera de la delincuencia y las instituciones de procuración de justicia están avocadas a perseguir disidentes políticos, a disciplinar comunidades, y reprimir luchas sociales”, dijo Lara.
