Frente a la ausencia de estrategias de seguridad del Estado Mexicano, los ejércitos informales del crimen organizado ya no se conforman con el dominio y control de las actividades delictivas más lucrativas (narcotráfico, secuestro, extorsión, tráfico de humanos, trata y venta de armas). Hoy los cárteles van más allá: buscan tener sus propias parcelas de poder en la vida política en un franco desafío a los gobiernos y autoridades de todos los partidos.
El asesinato del candidato de Movimiento Ciudadano a la alcaldía de Cajeme, Abel Murrieta, en Sonora, debe ser una fuerte llamada de atención para el gobierno y la sociedad. El homicidio ha venido a confirmar la inoperancia de las políticas de seguridad implementadas en el país. Más aún, ha venido a corroborar la influencia política del crimen organizado en los municipios y zonas bajo su control: la delincuencia, no los electores, decide quienes pueden participar y quienes no en los comicios.
El fracaso oficial es evidente. Murrieta no es la única víctima del crimen en este proceso. Su pasado como procurador de Justicia de Sonora y su papel como abogado de los Lebarón en la masacre de tres mujeres y seis niños de esa familia atrajeron la atención de la opinión pública nacional. Sin embargo, en los últimos meses, otros 32 candidatos han sido ejecutados en Veracruz, Jalisco Oaxaca, Guerrero y otros estados. Ayer mismo, Jairo Hernández, candidato del PRI a la Alcaldía de Mariscala de Juárez, en Oaxaca, sufrió un atentado a balazos en el que su hija resultó herida, y Eva Reyes, aspirante de Fuerza por México a diputada federal en la Ciudad de México, fue golpeada por un sujeto armado en un incidente poco claro.
Según la agencia Etellekt Consultores, durante los comicios actuales se han registrado 476 agresiones contra candidatos, políticos, activistas, miembros de seguridad y operadores de campañas. Los ataques han dejado en total a 79 personas muertas, incluyendo los 32 candidatos, y decenas de heridos.
La violencia crece elección tras elección por una razón: los delincuentes conocen al dedillo el ambiente generalizado de impunidad. No sólo no hay consecuencias a sus crímenes, sino que en zonas y entidades donde el narco es fuerte están dadas las condiciones para que el narco someta a políticos y autoridades.
¿Qué puede hacer un alcalde o un regidor de un municipio olvidado contra el poderío económico, el poder armado y la capacidad de movilización del crimen?
Hace ya varios lustros, el escritor Federico Campbell advertía sobre los procesos de “normalización” de la violencia y del narcotráfico en estados como Sinaloa: “El mundo del narco está allí, como una realidad social objetiva, y el sinaloense se siente dentro de él como en su propia piel, así como otros lo hacen en torno a la fábricas o al cultivo de leña vid”.
Si bien se encuentra en Sonora, Cajeme es también una de esas zonas donde la violencia y la presencia del crimen se ha vuelto normal, tal y como lo señala Campbell. Los narcos dominan campos, colonias, calles y hasta instituciones políticas o gubernamentales. Los habitantes del municipio lo saben, las autoridades lo saben y las fuerzas de seguridad lo saben.También lo sabía Abel Murrieta, quien aparentemente se había vuelto incómodo para los cárteles que operan en el Estado y también en Sinaloa y otras entidades.
En el último spot grabado para su campaña, el candidato de Movimiento Ciudadano pretendió mandar un mensaje a la sociedad y a los cárteles: “Cajeme va a dejar de tener miedo”, decía en su video. “Vamos a recuperar el tiempo perdido, vamos en serio contra la inseguridad y la impunidad. Ya basta que los malandros sean los dueños de nuestras calles. Soy un hombre de ley, a mí no me tiembla la mano, yo no tengo miedo”.
Tras el asesinato, el presidente López Obrador lamentó el “momento difícil” que vive el país y reveló un dato preocupante: “Hay muchos elementos (de las corporaciones de seguridad) protegiendo a candidatos”.
¿Por qué los candidatos deben tener custodia oficial y seguridad a costa del erario? Porque la impunidad, la corrupción y la ausencia de corporaciones confiables no permiten contener la fuerza descomunal del narco. Hasta el Ejército y la Marina han sido rebasados.
La falta de políticas públicas sólidas y la candorosa filosofía presidencial que, frente al narco, propone “abrazos, no balazos”, son hoy el principal aliciente de la expansión de los cárteles que, empoderados como nunca, tienen hoy la mira puesta en la política electoral.
Denunciar, pretender ser un hombre de ley, no tener miedo, le costó la vida a Murrieta. Lo mataron en el Centro de su ciudad a la luz del día. Los malandros, por su parte, siguen siendo lo que son: los dueños de las calles.
Galerín de Plomos
Sin que nadie logre entender aún si tiene o no fuero, el gobernador panista de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, cuenta desde ayer con una orden de aprehensión por los delitos de lavado y delincuencia organizada. Junto con la concesión de la orden solicitada por la Fiscalía General de la República, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) anunció ayer el congelamiento de las cuentas bancarias de 36 personas físicas y jurídicas “de la red” del mandatario.
En pleno proceso electoral, el caso debería manejarse con esmerada escrupulosidad para evitar el lucro político. Pero bien ha dicho el presidente López Obrador: “Estamos en temporada de zopilotes”. Así lo corrobora el arrojo del titular de la UIF, Santiago Niego, quien, como si fuera el fiscal o el mismo juez del caso, ayer anunció que no habrá tolerancia a la corrupción y a la impunidad, “sobre todo de quienes se creían intocables”.
Tampoco ayuda que el poderoso senador de Morena, Ricardo Monreal, haya sido quien confirmara la primicia en Twitter: “Insólito: orden de aprehensión al Gobernador de Tamaulipas, que el Congreso local decidió mantener indebidamente en el cargo, cuando tuvo que haber nombrado sustituto. Ante la crisis constitucional del Ejecutivo local en funciones fugado, se precisan acuerdos y que el Senado actúe”.
Vienen tiempos difíciles para Tamaulipas. A pesar de haber visto venir la embestida presidencial, ni el gobernador ni los diputados previeron un escenario B. ¿Quién gobernará el Estado? Todo indica que la posición de Cabeza de Vaca es insalvable. Tendrá que dejar el cargo y los diputados locales tendrán que trabajar a marchas forzadas en busca de un gobernador interino a la brevedad posible.
