En su artículo “La Espada Contra la Pluma”, el historiador Lorenzo Meyer escribió en junio de 1990 en Excelsior:
“La afirmación de que la pluma es más fuerte que la espada no es una verdad histórica sino, en el mejor de los casos, una hipótesis optimista. Y en los casos que pueden servir de base a ese optimismo, resulta que la fuerza de la pluma sólo se muestra en el largo plazo, pues en el choque directo entre ésta y la espada, el vencedor inmediato es invariablemente la espada”.
Las reflexiones del investigador de El Colegio de México se daban a propósito de una serie de amenazas de muerte proferidas contra Jorge G. Castañeda, por aquellos años el crítico con mayor presencia en el mundillo político de Estados Unidos y Europa y en toda la prensa internacional.
Durante décadas y todavía en los noventa, las instancias del gobierno eran el principal obstáculo —casi el único— a la libertad de expresión y al derecho a la información. La censura a medios, críticos, intelectuales y periodistas provenía básicamente de las instituciones del gobierno federal, las administraciones locales, las corporaciones policiacas y las fuerzas armadas. La represión, la intolerancia y las cortapisas eran líneas fundamentales de la relación de eso que solemos llamar “el sistema” con la prensa.
En los términos de Meyer no había la menor duda: las amenazas dimanaban del sistema, del poder, es decir, de la espada. La acuciosidad y la amplia cobertura de la crítica sistemática de Castañeda habían desatado la furia del acero y el filo del sistema llegó —en forma de advertencias e intimidaciones— hasta a la puerta de la casa de quien, a la postre, sería Secretario de Relaciones Exteriores con Vicente Fox.
Eran aquellos los años noventa. Con el tiempo, los contornos de la espada se volvieron difusos. También los de quienes se desciñen esa espada para amedrentar a la pluma. El Estado y las instituciones de gobierno dejaron de ser las únicas amenazas para críticos y periodistas. Hoy, desde los escondrijos más siniestros, los cárteles del narcotráfico emergen como el principal enemigo de la libertad de prensa.
El crimen organizado es un adversario implacable, un rival hostil, sin rostro, que desde el anonimato actúa con plena impunidad, muchas veces apoyado por grupos de poder o corporaciones policiacas a su servicio. Los cárteles actúan en nocturnidad: no les gusta la información, la crítica, el escrutinio y responden de la única forma que conocen: el acoso, la advertencia, la intimidación y el asesinato. Frente a las palabras, la fuerza brutal de las balas y de una violencia tan demencial que ha llevado a México a ser considerado como uno de los países más peligroso para los periodistas. El último informe de Reporteros Sin Fronteras sitúa a México como el más letal del mundo para la prensa.
Las cifras hablan por sí mismas: del 2000 a la fecha, según la organización Artículo 19, se han registrado 141 asesinatos de reporteros, fotógrafos y comunicadores por una “posible relación con sus labor”. De estos homicidios, “47 se registraron durante el mandato anterior del presidente Enrique Peña Nieto y 21 en el actual de Andrés Manuel López Obrador”.
Los registros hablan no sólo de la violencia del narco y su estela de muerte, sino de la atmósfera de impunidad existente. Es en ese ambiente de indemnidad que el crimen ahora intimida abiertamente en videos a periodistas de El Universal, Milenio, Televisa y, de manera particular, a Azucena Uresti, conductora de Grupo Multimedios y Milenio Televisión.
La amenaza es seria y no hay otra manera de enfrentarla más que con la fuerza del Estado y la solidaridad social. En su texto de 1990, Meyer apuntaba: “Como columnista y académico, Jorge Castañeda puede tener una gran capacidad para poner a sus adversarios en situaciones difíciles. Pero como escritor desarmado, sus razones y brillo valen cero frente al poder de una pistola”.
Frente a la violencia irracional, nada puede hacer un periodista, un crítico, un fotógrafo o un comentarista. No hay sueño, vocación o libertad capaz de enfrentar desde el periodismo a la barbarie. Las estadísticas lo dicen con entera claridad: los cárteles esgrimen desde hace años una espada tinta en sangre.
En tales circunstancias no es vergonzoso el silencio ni deshonroso el miedo. Una ética de las responsabilidades, privilegiará siempre el derecho a la vida antes que la libertad de expresión o el derecho a la información.
En todo caso, lo penoso es no tener en México una estrategia del Estado para garantizar la libertad de prensa y la seguridad de todos los ciudadanos; lo inmoral es tenderle al crimen una alfombra roja bajo la falacia de una política humanista de “abrazos, no balazos” y, finalmente, lo despreciable es atacar de manera sistemática desde la presidencia de la república a críticos y periodistas en un país agobiado por los homicidios de decenas trabajadores de la prensa. Eso sí es una tragedia.
El periodista Federico Campbell, quien siempre puso en entredicho el papel del Estado frente al crimen, decía que buscar la verdad y escribir “es creer un poco, tener un mínimo de fe”. Espero que nadie pierda nunca ese mínimo de fe.
Galerín de Plomos
Tras meter a una habitación de hotel a un menor de edad, el pasado 21 de abril el diputado poblano Benjamín Saúl Huerta, de Morena, fue acusado de abuso sexual y violación equiparada. No pudo ser detenido: tenía fuero. Seis días después la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México solicitó su desafuero a la Cámara de Diputados. A su vez, Mauricio Toledo, diputado del PT, acusado por enriquecimiento ilícito durante su período como jefe delegacional en Coyoacán, ha permanecido intocable gracias al privilegio de ser legislador. A pesar de las aberraciones de las que son acusados, apenas ayer fueron desaforados por la Cámara: grupos de legisladores atoraron hasta lo imposible el proceso de desafuero durante meses. Ni Huerta ni Toledo estuvieron, por supuesto, en la votación parlamentaria de ayer. Toledo, incluso, era reportado en Chile, a donde huyó seguramente apoyado por redes de complicidad. Esos son nuestros diputados. No en balde, en los rankings de confianza en las instituciones —como el de Consulta Mitofsky— suelen salir en último lugar compartiendo los créditos con los partidos políticos. ¿Confianza en los diputados? Por favor.
