En la Opinión de David Brondo

A más de uno sorprendió la investigación iniciada por la Fiscalía General de la República (FGR) a la administración del ex gobernador de Coahuila, Rubén Moreira Valdez, por el presunto desvío de más de 400 millones de pesos de fondos federales, como han revelado esta semana Reforma y El Norte de Monterrey.

En todo caso, lo sorprendente es la demora. Se hace años después de terminado su sexenio. En México deben suceder cosas extraordinarias para que una institución dé un paso capaz de alterar las relaciones políticas o las redes de complicidad institucional. Las investigaciones al ejercicio de los gobiernos pueden durar años, lustros o, incluso, no hacerse nunca.

Durante el gobierno del otro Moreira, Humberto, el político bailador, en Coahuila se contrataron créditos bancarios de miles de millones de pesos con documentos apócrifos. A la fecha nadie ha pagado por ello. Nadie supo con claridad a dónde fueron a parar esos miles y miles de millones, pero eso no le importó a las instituciones de procuración de justicia.

Lo peor de todo fue el epílogo de la impunidad: una deuda brutal de más de 34 mil millones de pesos bautizada como el “moreirazo”, un pasivo que sigue creciendo y creciendo. De acuerdo con los especialistas, esa deuda no se terminará de pagar en un siglo.

Ahora, según Reforma y El Norte, la FGR indaga presuntas irregularidades por más de 400 millones de pesos del Fondo para el Fortalecimiento Financiero (Fortafin) registradas durante la administración del otro Moreira, Rubén.

Creado con el nombre Programa de Contingencias Económicas en el ejercicio fiscal 2014, el fondo cambió de nombre a Fortafin en el 2016, pero su objetivo seguía siendo el mismo: apoyar proyectos de inversión en infraestructura para promover el desarrollo regional.

No hay mucha información sobre la averiguación. A medida que avancen las investigaciones seguramente saldrán más detalles sobre la indagatoria del equipo del fiscal Alejandro Gertz Manero. Veremos si hay sustancia y no se trata sólo de vendettas electorales.

No es casual que el principal indiciado, de acuerdo a la información periodística, sea Ismael Ramos Flores. Como Secretario de Finanzas en el sexenio de Rubén Moreira, seguramente “Lito” Ramos fue el principal operador de los manejos del erario y del ejercicio del gasto. Pero no es el único involucrado. En la investigación aparecen también Antonio Zerón Puga, director General de la Secretaría, y Nazario Salvador Iga Torre, director de Adquisiciones.

La indagatoria del Fortafin podría no ser la única emprendida por el régimen federal contra ex funcionarios de Coahuila. La averiguación del pago de cientos de millones de pesos del Gobierno de Coahuila a empresas “fantasma” aún sigue “viva”.

De manera oficial, en agosto del 2018, el Auditor Superior de Coahuila, Armando Plata, dio a conocer la existencia de pagos del Estado a 14 empresas “fantasma” durante los ejercicios fiscales del 2014, 2015 y 2016 por 475 millones de pesos.

No reveló nada nuevo. Los medios de comunicación, antes que cualquier institución, dieron a conocer desde septiembre del 2016 la existencia de esas irregularidades. A partir de las denuncias periodísticas, grupos sociales y partidos políticos interpusieron entonces denuncias penales ante la PGR. Platas hizo lo propio ante la Fiscalía Superior del Coahuila dos años después.

Nada se ha hecho desde entonces. El desfalco sigue impune a pesar de la existencia de registros puntuales de las operaciones de esas 14 empresas “fantasma” favorecidas por el Gobierno de Coahuila tanto en las fiscalías estatales como federales.

Nada impide a la Fiscalía General de Coahuila proceder contra quien resulte responsable de ese escándalo. Sin embargo, esa fiscalía no hace absolutamente nada más que dorar la píldora, darle largas al asunto y patear el bote. No hay la más mínima voluntad de proceder contra los presuntos responsables. A los señores Moreira no se les toca ni con la hoja de un expediente.

Quizá donde pueda haber una reacción distinta es en las fiscalías federales, donde la transición ha venido a romper las lazos de protección tendidos durante por años por el priismo. Está por verse si las indagatorias federales deciden tomar el toro por los cuernos o sólo están en busca de sangre electoral.

Al inicio de la administración de López Obrador las esferas de la federación tenían muy claro el modus operandi de las “compañías de papel” en Coahuila. También tenían un diagrama de las operaciones de esas 14 “empresas” y de los funcionarios probablemente implicados.

Si la FGR decide dar también el paso contra los esquemas de operación de esas firmas y de quienes se favorecieron con ellas desde el gobierno, no será extraño que el nombre de altos ex funcionarios salten a la palestra. Las sogas se rompen por lo más delgado, pero en este caso la sogas, al parecer, eran bastante gruesas.

Galerín de Letras

Con la Navidad llegaron las primeras vacunas contra el Covid-19. Esperemos que, como han dicho las autoridades federales, sea, en efecto, el principio del fin de la pandemia. Urge enfrentar con la vacuna una errática estrategia de salud y la  irresponsabilidad de un gobierno que en el peor de sus escenarios previó 60 mil muertes. Ya vamos casi en 125 mil. 

Twitter: @DBrondo

Las Sogas Gruesas